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Política

Antejuicio político contra Pedro Castillo en su etapa final

Avanza su acusación. La Comisión Permanente aprobó ayer la denuncia constitucional contra el expresidente y sus exministros Geiner Alvarado y Juan Silva por presunta organización criminal. El caso será debatido en el Pleno del Congreso.

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Se complica. Expresidente Castillo está cerca de ser acusado en el Congreso por supuestamente liderar organización criminal. Foto: difusión | Fiscalía

La Comisión Permanente del Congreso aprobó acusar al expresidente Pedro Castillo por los supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado. La medida contra el expresidente se da por la denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Castillo Terrones por las irregularidades en los casos de Puente Tarata II, Petroperú y Ministerio de Vivienda.

El informe final, sustentado por el congresista Diego Bazán (Avanza País), fue aprobado con 19 votos a favor, nueve en contra y una abstención. La medida también recae en los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, quienes se desempeñaron durante la gestión del exmandatario y se encuentran comprendidos en las investigaciones de la Fiscalía por presuntos actos de corrupción.

Cabe resaltar que, durante la sesión de ayer, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, solicitó que el informe se vote de manera conjunta; es decir, que comprenda a todos los acusados; sin embargo, el titular del Parlamento indicó que se sometería a votación de manera individual.

En ese sentido, con 28 votos a favor y ninguno en contra, los miembros del grupo de trabajo aprobaron acusar a Juan Silva, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, por los presuntos delitos de organización criminal y colusión.

De la misma forma sucedió con el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado. Los miembros de la Comisión Permanente dieron luz verde al informe para acusarlo por el presunto delito de organización criminal.

De esta manera, el informe final aprobado deberá ser sustentado ante el Pleno del Congreso de la República.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), luego de la votación, nombró a la comisión acusadora que sustentará el informe en el hemiciclo. “La SAC propone como subcomisión acusadora al congresista Diego Bazán y a la suscrita, Lady Camones, a efectos de que sustentemos el informe final y formulemos acusación ante el Pleno del Congreso de la República”, manifestó Camones.

Solo es cuestión de tiempo para que el Pleno apruebe esta denuncia constitucional.

Posible antejuicio

El levantamiento del antejuicio político necesita de la aprobación de la mayoría simple del hemiciclo –66 votos–. De acuerdo a ello, el Ministerio Público podrá formalizar la investigación contra el expresidente Castillo y sus exministros.

Recordemos que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó esta denuncia constitucional contra el exmandatario cuando él estaba en ejercicio de sus funciones, un hecho que generó controversia jurídica y política.

Pero en vista de que Castillo fue destituido el 7 de diciembre, luego de su fallido intento de golpe de Estado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales quedó con la puerta abierta para avanzar con su antejuicio político.

Alvarado, según fuentes de La República, solicitó al Congreso que se apruebe su acusación y así colaborar con las pesquisas. Mientras que Silva, por su parte, aún se encuentra prófugo de la justicia. Ambos fueron los ministros protegidos del régimen de Pedro Castillo.

La formalización de las indagaciones dará luces sobre hasta qué nivel llegó la corrupción en esa gestión.

Pedro Castillo: Consejo Directivo se reúne este lunes 13

El Congreso citó a una sesión del Consejo Directivo para este lunes 13 de febrero desde las 11.00 a. m., con el objetivo de definir la fecha y la hora del próximo pleno en el que se debatirá el informe de la denuncia constitucional 307 para acusar a Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado peruano.

Por medio de citación de la Oficialía Mayor del Congreso —a disposición del presidente de este poder del Estado, José Williams—, se estableció citar a los miembros del Consejo Directivo de manera presencial en la Sala Grau del Palacio Legislativo o, virtualmente, usando las plataformas de sesiones del Parlamento.