Apuran ley de impunidad para delitos de lesa humanidad cometidos durante el fujimorismo
Martha Moyano aceleró trámite de un dictamen que fue aprobado hoy con votos de Fuerza Popular y sus satélites.
La Comisión de Constitución del Congreso, que conduce Fuerza Popular, aprobó esta mañana un dictamen de ley para pretender poner límites a los plazos de aplicación de los tratados internacionales, sobre los delitos que califican como de lesa humanidad en el Perú.
El dictamen aprobado establece que “nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 01 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”.
Este criterio es aplicado bajo la lógica fujimorista de que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en el Perú recién el 1 de julio del 2002; y este instrumento internacional regula los delitos de lesa humanidad.
El Congreso también pretende poner límites de aplicación temporal a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, que entró en vigencia en el Perú el 9 de noviembre del 2003. Sin embargo, esta misma Convención establece en su primer artículo que “los crímenes (de lesa humanidad) son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”.
Durante el debate, la fujimorista Patricia Juárez fue más explícita sobre quiénes se beneficiarían con la ley e hizo mención al sentenciado general en retiro del Ejército Juan Rivero Lazo, sobre quien dijo que “se le aplica el delito de lesa humanidad”.
Ley inconstitucional
Para Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal, esta sería una norma de impunidad y cuestionó que con una ley el Congreso pretenda anular resoluciones judiciales.
Recalcó que esta ley es inconstitucional, pues ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en contra de un decreto similar emitido durante el segundo gobierno de Alan García.
El abogado del IDL precisó que en la actualidad hay 35 casos ya resueltos (incluyendo Cantuta y Barrios Altos) cuyos fallos podrían ser anulados con esta ley que impulsa la mayoría en el Congreso.
Los votos a favor
Fueron catorce los congresistas que votaron a favor de este dictamen de la impunidad. Cinco pertenecen a Fuerza Popular: Martha Moyano, Patricia Juárez, Eduardo Castillo, Héctor Ventura y Alejandro Aguinaga. Este último enfrenta aún el proceso por las esterilizaciones forzadas y la autoridad judicial aún no se pronuncia sobre el carácter de lesa humanidad o no de estos hechos cometidos en los noventa.
También votaron a favor María del Carmen Alva, Gladys Echaiz, José Elías Ávalos, Luis Aragón, Alejandro Cavero, Eduardo Salhuana, Alejandro Muñante, Juan Burgos y Héctor Valer.