La condena impuesta el día de hoy al ex presidente del Perú Alberto Fujimori constituye un importante avance para promover justicia por las violaciones de derechos humanos en la región y en el mundo, señaló Human Rights Watch. Un tribunal integrado por tres jueces de la Corte Suprema de Perú determinó que Fujimori es culpable de graves violaciones de derechos humanos. “Luego de eludir la justicia durante varios años, Fujimori finalmente debe responder por algunos de sus delitos”, señaló María McFarland, investigadora principal de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien se encontraba en la sala durante la lectura de la sentencia. “Mediante esta sentencia y el desempeño ejemplar que tuvo durante el juicio, el tribunal peruano ha demostrado al mundo que ni siquiera los ex jefes de estado pueden lograr que sus delitos queden en la impunidad”. Asimismo, Human Rights Watch señaló que esta emblemática decisión se da en el marco de una tendencia mundial hacia una mayor rendición de cuentas por parte de ex jefes de estado. Pero la sentencia contra Fujimori es particularmente notable ya que, a diferencia de muchos otros casos, el sistema de justicia nacional de Perú demostró tener la voluntad, la capacidad y la independencia necesarias para juzgar a su ex presidente. Además, la sentencia se estimó luego de un prolongado juicio transmitido por televisión. El juicio, sostuvo Human Rights Watch, respetó las garantías del debido proceso y cumplió con los estándares internacionales que garantizan un juicio justo. Fujimori fue condenado por el asesinato de 25 personas durante dos masacres distintas, ocurridas en 1991 y 1992 y el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992. Las masacres fueron perpetradas por la unidad conocida como destacamento Colina, un escuadrón especializado integrado por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército. En su informe de 2005, Presunción Fundada: Pruebas que comprometen a Fujimori, Human Rights Watch describió en detalle las numerosas pruebas que entonces vinculaban a Fujimori con el destacamento Colina y sus actividades. Las pruebas incluían extensos documentos oficiales y declaraciones que demostraban que el destacamento Colina no se trató de un operativo aislado, sino que funcionó como una estructura formal dentro del Ejército. Sus miembros recibían recursos y apoyo logístico de los más altos rangos del Ejército y del Servicio de Inteligencia Nacional, los cuales estaban totalmente bajo el control de Fujimori. Durante el juicio, surgieron nuevas pruebas que evidenciaron que los asesinatos formaban parte de una estrategia de lucha contra la insurgencia que Fujimori creó y puso en práctica por medio de los servicios de inteligencia del país. Human Rights Watch destacó que la sentencia de hoy cobra mayor relevancia debido a que Perú cuenta con antecedentes de autoritarismo y con un estado de derecho deficiente. Durante una década, el gobierno de Fujimori recurrió al soborno, la extorsión y la intimidación para concentrar el poder en la presidencia, quebrantando el proceso democrático y eliminando la posibilidad que normalmente tienen el poder judicial, el poder legislativo y los medios de comunicación de controlar los abusos del gobierno. Fujimori será juzgado en forma separada por distintas acusaciones de corrupción, que también se describen en el informe Presunción Fundada. “Hasta hace pocos años, Fujimori tenía un control casi absoluto del poder judicial de Perú”, señaló McFarland. “La sentencia dictada por este tribunal es importante no sólo por su contenido, sino también porque demuestra el rol fundamental que puede tener un tribunal independiente para juzgar abusos cometidos en el pasado y fortalecer el estado de derecho”. La condena dictada el día de hoy está sujeta a apelación ante la Corte Suprema. “Quisiéramos creer que el Tribunal continuará demostrando la misma transparencia e imparcialidad que aplicó durante la etapa del juicio”, manifestó McFarland. “Si es así, confiamos en que se mantendrá la condena”.
