Juez vinculado a los hermanitos de César Hinostroza, Oswaldo Espinoza presidirá el JEE Lima Centro

En los últimos tres meses la situación del juez superior titular de Lima, Oswaldo César Espinoza López ha dado un vuelco total. La fiscalía lo acusa de ser parte de la red sectorial de “Los Cuellos Blancos del Puerto” creada y dirigida por el empresario Mario Mendoza Díaz para arreglar procesos judiciales en la Corte Superior de Justicia de Lima.

Por este caso, a pedido del Equipo Especial de fiscales del caso “Los Cuellos Blancos”, en marzo del 2021, la Corte Suprema le impuso la sanción de suspensión preventiva para ejercer como magistrado por el plazo de dos años y, posteriormente, el  3 de octubre del 2024, el pleno de la Junta Nacional de Justicia lo destituyó como juez superior de Lima y lo separó del Poder Judicial.

PUEDES VER: Mario Mendoza se enriqueció defraudando al Estado

Sin embargo, de acuerdo con documentos oficiales obtenidos por La República, el 7 de marzo de 2025 fue reincorporado en la labor jurisdiccional como presidente de la Quinta Sala Laboral de Lima, a partir del 10 de marzo de 2025. El documento está firmado por la presidenta de la Corte superior de Justicia de Lima, Miluska Cano López. La resolución precisa que se debe proceder a su reincorporación en la función judicial luego que la Junta Nacional de Justicia y la Autoridad Nacional de Control anularan su destitución y declararán que había prescrito la posibilidad de imponer una sanción disciplinaria, por lo tanto, no había impedimento legal para que se desempeñe como juez. La presidenta de la Corte se vio legalmente obligada a reinstalarlo en un sala.

Pero, lo grave es lo que acaba de ocurrir. Un mes después de reincorporarse al Poder Judicial, la Sala Plena de Jueces Superiores Titulares de Lima, eligió a Oswaldo Espinoza como su representante en el trascendental Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, lo que supone que él ejercerá la presidencia de este organismo especializado y crucial en el proceso electoral.

PUEDES VER: Mario Mendoza, el “octavo consejero”

El resultado de la votación se mantiene en secreto. La doctora Miluska Cano, como presidenta de la Corte, debe comunicar dicha decisión al Jurado Nacional de Elecciones que lo convocará para tomar juramento. La República conoció el acuerdo de la Sala Plena por intermedio de los jueces que participaron en la reunión. La decisión ha causado preocupación en algunos sectores de la magistratura. Al parecer se trataría de una especie de reivindicación a Espinoza López, de parte de sus colegas, que consideran que su proceso penal fue injusto.

Un organismo clave en el proceso electoral

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro es clave en el proceso electoral del 2026, pues se encarga de impartir justicia electoral en primer instancia, teniendo competencia para inscribir, calificar, resolver las tachas y excluir las fórmulas de candidatos a la presidencia y vicepresidencia, representantes ante la cámara de senadores y el Parlamento Andino.

PUEDES VER: Expediente madre del caso Cuellos Blancos del Puerto entra a control de acusación

Igualmente, iniciar procedimientos en los casos de presunta vulneración a las normas sobre neutralidad. Es importante que quien esté al frente. En un momento de alta polarización política y social y con gran desconfianza en los organismos  de administración de justicia, los colegas de Espinoza debieron ver otra forma de reivindicar a Espinoza, si consideraban que la persecución penal en su contra fue excesiva o no arreglada a derecho.

Además, los problemas judiciales de Espinoza no han terminado. Es decir que a la vez que atienda el proceso electoral deberá enfrentar su propia situación jurídica. La República buscó comunicarse con él, pero no fue posible obtener un contacto por los canales oficiales.

Los cargos en su contra

El Equipo Especial “Los Cuellos Blancos del Puerto” y la JNJ lo acusaron de pertenecer a una red de jueces del área civil y comercial capturados por el empresario textil Mario Mendoza, conocido como el “Octavo Consejero” del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. Junto con él fueron destituidos los jueces superiores Víctor Andrés Quinte Pillaca, Carlos Huerta Orteaga y Juan Ulises Salazar Laynes.

Según la fiscalía, Mendoza había estructurado una red de jueces que le permitían tener fallos favorables a sus intereses o negociar resoluciones judiciales a favor de terceros. A cambio  de lo cual, utilizaba su influencia en el CNM para ayudar a los "jueces amigos" en los procesos de ratificación y ascenso en la carrera judicial. Además, de brindarles una serie de agasajos. La existencia de esta subred de los “Cuellos Blancos del Puerto” fue revelada a la fiscalía por el propio Mendoza en su proceso de colaboración eficaz.

PUEDES VER: Implicados en caso Cuellos Blancos se benefician con ley del Congreso y quedan libres de restricciones

Sin embargo, el 3 de enero de 2025, el saliente colegiado de la JNJ retrocedió respecto de Oswaldo Espinoza y declaró fundado un recurso de prescripción que anuló la destitución, pues los hechos habrían ocurrido el 2018 y habían transcurrido más de cuatro años para que le impongan una sanción administrativa. La decisión se tomó en mayoría. Los consejeros Imelda Tumialán y Aldo Vásquez votaron en contra de levantar los cargos contra Espinoza.  Su caso pasó a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial para que se le imponga una sanción menor, pero por el paso del tiempo eso tampoco era posible.

Juicio pendiente

​En paralelo al proceso disciplinario, Oswaldo Espinoza López enfrenta un proceso penal judicial junto a Mario Mendoza y otros jueces de Lima. El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley aprobó la acusación en su contra por delitos de cohecho y tráfico de influencias. La Sala Penal Suprema de Juzgamiento está por iniciar el juicio en los próximos días. Lo que hace probable que tenga que compartir su tiempo entre su labor electoral y la comparecencia a las audiencias del juicio público.

En enero de 2025, el abogado de Espinoza logró que Checkley declarara caducó la comparecencia con restricciones que debía cumplir, al amparo de la Ley 32130 emitida por el Congreso. Esta ley estableció una serie de plazos para las medidas restrictivas de derechos, por lo que ahora solo cumple comparecencia simple. La prescripción y la caducidad le han permitido regresar al Poder Judicial, pero su situación jurídica aún debe definirse en un juicio público.