Juan De la Puente: “Hay una especie de pymes de la extorsión”
El abogado y politólogo analiza la coyuntura marcada por una profunda crisis de seguridad.
En esta crisis de inseguridad existen variables que juegan en simultáneo. No existe una respuesta eficiente desde el Estado, incapaz de asegurarle a sus ciudadanos una condición mínima: la vida. El Ejecutivo propone medidas que no atacan el fondo del problema y, al contrario, han demostrado su ineficiencia. Los congresistas, por su lado, en el afán de protegerse a ellos mismos y a sus agrupaciones políticas, aprueban una serie de leyes que juegan a favor de la criminalidad y que se resisten a derogar. En la calle, los gremios de transportistas -sobre todo informales- y otros han empezado a movilizarse y ya anunciaron nuevas medidas de protesta a nivel nacional. Juan De la Puente, abogado y politólogo, analiza esta desafiante coyuntura y ofrece algunas ideas clave para comprenderla.
Hizo notar que hay contradicciones en la estrategia del Gobierno contra la criminalidad. De un lado, la PNP habla de percepciones. Del otro, el Mininter reconoce el auge. ¿Así es posible enfrentar la situación?
Efectivamente. Quizás la contradicción de visiones de hace quince días ha sido superada por el primer paro y el de esta semana y, entonces, me parece que las tendencias inmovilistas en la Policía están en retroceso. No obstante, sigue siendo un problema de fondo el modo de encarar este auge del crimen, que es nuevo, que ha cogido a las fuerzas de seguridad, específicamente a la Policía, sin una estrategia precisa. Yo veo dos problemas.
¿Cuáles son?
Primero, que desentrañar la naturaleza del crimen organizado en el Perú, a pesar de que tiene varios años de vigencia, es un problema porque sus patrones son bastante originales. Me parece que no están operando con fuerte vigencia las grandes bandas, sino que hay como una especie de democratización de la extorsión, lo que hace más difícil el trabajo de inteligencia.
¿A qué se refiere con democratización?
A que hay una especie de pymes de la extorsión. Son varias familias las que han sido detenidas. Junto a las bandas estructuradas hay una miríada de pequeños emprendimientos. Otro elemento que complica la situación es la acumulación de actividades delictivas. No solo estamos frente al auge del crimen organizado, también frente a las economías ilegales como el contrabando, la deforestación, la trata de personas, el narcotráfico. El sistema de seguridad está sobrecargado por lo inédito del proceso del crimen organizado y la acumulación de actividades delictivas.
PUEDES VER:La batalla por la fiscalía de la Nación ha comenzado: Delia Espinoza o Juan Carlos Villena
Con un incremento de crímenes violentos.
Hay un registro violento más numeroso. Estamos escalando en los indicadores tradicionales vinculados con la delincuencia común, pero nos faltan indicadores sobre lo masivo que es el crimen. Podríamos encontrar una cantidad apreciable de personas y familias que vivan del delito, que el narcotráfico o la trata de personas estén superando las decenas de miles de individuos ocupados. Es complicado, porque eso implica una modalidad de empleo. En términos clásicos, no hay una respuesta de fondo a la crisis de inseguridad, salvo medidas ya usadas: la especialización de pequeños grupos operativos y la declaratoria de emergencia. Eso no va a frenar la situación. Las fuerzas que se han liberado son, por ahora, incontrolables. De un lado el crimen mismo y del otro una respuesta en la que van a la vanguardia las personas con pequeños negocios como transportistas, mototaxistas, comerciantes informales, ambulantes y dueños de bodegas. La capacidad de diálogo del Gobierno en este punto es cero. En resumen, tanto para canalizar el descontento como para frenar la ola delictiva el Estado carece en este momento de instrumentos.
A la estrategia del Gobierno le sumaría la lógica del incremento de penas y la tipificación de nuevos delitos como terrorismo urbano. ¿Es un peligro para el derecho a la protesta social? Al premier Adrianzén que no le ocurrió mejor idea que relacionar a los organizadores del paro con el Movadef.
Esto es de manual. Las medidas legales están dadas. Lo que pasa es que hay una cultura legalista de creer que los tipos penales disuaden el delito y eso me parece que es un error. Ahora, sobre la criminalización, es un riesgo bastante grande. En el contexto en el que se discutía un programa de libertades y derechos frente a un Gobierno y un Congreso que los vulneraba, aparece una nueva discusión que, entre comillas, borra ese clivaje y plantea uno nuevo que es orden versus inseguridad. Bajo ese manto evidentemente se van a instalar políticas de emergencia, el segundo paso es encontrar enemigos y el tercer paso es la criminalización o una legislación de emergencia. Finalmente son las libertades las que van a ser vulneradas y eso es algo que ha pasado en otros países. La demanda de seguridad es bastante contractualista, es una demanda liberal, un derecho elemental en la base del pacto social. Si el Estado no puede proveer de seguridad a la gente se está incumpliendo el primer elemento del contrato social. Criminalizar a las personas porque piden seguridad es un contrasentido histórico.
¿El Congreso legisla a favor de la delincuencia?
En aras de favorecer sus propios intereses el Congreso ha expedido medidas que favorecen al crimen organizado. Por ejemplo, la rebaja de las condiciones para penalizar o tipificar la extorsión. También es cierto que aparecen indicios de las actividades delictivas en la legislación. Por ejemplo, la norma vinculada a extender el Reinfo o la que permite o legaliza la deforestación son claramente expresiones de actividades ilegales que impactaron en el Parlamento. Por eso estas normas son aprobadas con poco debate, sin deliberación pública y son mal defendidas. En el fondo ellos saben que esas normas terminan ayudando al crimen, pero no se atreven a retroceder porque evidentemente hay pactos adentro e intereses muy puntuales.
¿Este paro y el anterior pueden ser el germen de movilizaciones continuas contra la coalición en el poder?
Lo dudo bastante. Si bien es cierto que en este momento nada canaliza en términos formales e institucionales el descontento, también es cierto que no se aprecian estrategias de mediano y largo plazo en los actores. Las condiciones del escenario han cambiado notablemente. Antes teníamos una estabilidad gobernable, parece un contrasentido, pero eso era. Entonces la política era un poco más lineal. Los procesos de alta tensión alternaban con los de baja tensión y esto volvía a subir y bajar como una especie de montaña rusa, pero ahora es un espiral y rebajar las tensiones de las demandas y los conflictos es cada vez más difícil. Lo otro es que en el sur -he visto algunas noticias- no se sienten muy solidarios con las demandas de seguridad de la costa y de Lima porque sienten que cuando ellos reclamaron y se movilizaron tampoco hubo solidaridad. No creo que sobre la base de las protestas estén los grandes movimientos sociales sino un descontento bastante amorfo, sin liderazgo e incluso con una alta presencia de sectores informales que hasta hace poco -como los transportistas- estaban en el otro lado, contra el estado de derecho, la reforma de transporte. No pertenecían al mundo de las reglas legales.
En paralelo a esas leyes que favorecen a la criminalidad, hay otras que apuntan a convertir al Congreso en un superpoder. ¿En qué situación queda nuestro sistema constitucional-político?
El proceso de captura del Estado ha continuado y las medidas legales finalmente son instrumentos procesales que permiten eso. El efecto que eso tendrá va a ser un poder muy débil. Luego de las elecciones vamos a tener un Parlamento bicameral que me parece que va a entramparse en una discusión entre cámaras y un Ejecutivo con un presidente bastante frágil, más aún si es que no tiene una representación parlamentaria. Estas reformas, curiosamente, están permitiendo que aparezca la sombra de un Estado capturado por el Parlamento, pero, al mismo tiempo, un Parlamento que a partir de 2026 va a trabarse por sí mismo. Es una combinación bastante extraña y original que el sistema está dando a luz. Me parece que varios de estos grupos, si no son todos, van a ser barridos del proceso electoral, no para ser reemplazados por algo mejor. Hay una especie de manto populista que está cubriendo la oferta política. Antes del auge del crimen esto se advertía. No creo que una derecha democrática, una izquierda progresista o un centro liberal tengan posibilidades electorales.
Yo tampoco lo creo.
El auge populista ya está impregnando los discursos. Es paradójico ver a quienes dicen ser de derecha o izquierda y estar contra Antauro Humala manifestarse a favor de la pena de muerte, de sacar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de expulsar a los venezolanos del Perú. Por eso, el populismo en el Perú es el Antauro Humala que todos llevamos dentro. Podría ser incluso que, en algún momento, aparezcan discursos mucho más populistas que el de Antauro y entonces vamos a tener una competencia política en donde la falta de racionalidad se va a encontrar con una enorme insatisfacción ciudadana, una especie de tormenta perfecta.
Para decirlo de manera breve, a partir del 2026 el hoyo será más profundo, ¿no?
La crisis creo que se va a profundizar. Mi impresión es que se están sentando las bases para de un proceso crítico de unos diez o doce años. Claro, con una presidencia débil y un Estado tomado no tengo en este momento condiciones para decir que será distinto. Pueden pasar cosas muy sorprendentes, como que aparezca un líder que proponga desde el lado democrático la bandera de la unidad nacional y junte sectores y pase a la segunda vuelta y movilice al país. No lo veo todavía. Y también podría haber un desborde autoritario. Llama mucho la atención esa encuesta mixta donde la gente recusa la democracia y al mismo tiempo pide -más del 50%- una intervención militar en el Perú.
Hace tiempo que el sistema democrático en la región y en el Perú se encuentra en entredicho. Si no ofrece resultados eso es lo que pasa, más allá de las consecuencias nefastas que eso puede traer. En X puso una frase interesante, que la ultraderecha pasó de defender la Constitución del 93 a querer modificarla de una manera permanente. ¿Cómo se pasó de blindarla a aprobar leyes que son directamente contrarias a su contenido?
El autoritarismo del año de los noventa era uno con un proyecto neoliberal. El autoritarismo de estos años es uno sin proyecto. El neoliberalismo ya no moviliza, es un conjunto vacío, un recuerdo. Entonces lo que tenemos ahora son solo deseos de mantenerse en el poder y eso vincula a la derecha y a la izquierda parlamentaria. Los cambios en la Constitución han sido liderados por grupos que se decían unicamerales y que de la noche a la mañana se han hecho bicamerales. Eran antirreeleccionistas y ahora son reeleccionistas. Eran presidencialistas y ahora se han convertido en parlamentaristas. La defensa de la Constitución es una defensa vacía, han terminado de arruinar su propia estrategia de centrar todo en la defensa del modelo y de la Constitución. Creo que ya no tienen autoridad moral para defender lo que ellos mismos han cambiado. En tres meses han modificado 53 artículos y han creado dos más. Eso evidentemente es un récord en el mundo.
