Cuatro décadas después de haber sido detenidos y llevados a la base de la Marina en Huanta, los restos de 11 personas desaparecidas hasta ahora, fueron identificados y entregados por la Fiscalía a sus familiares, quienes demandaron justicia para los responsables. Los huesos exhumados evidencian huellas de torturas y orificios de disparos en la cabeza.
Misa de entrega de cuerpos de Pucayacu. Foto: Sharmelí Bustíos.
Entre ellos estaban los restos de Víctor Manuel Cruz Curo, un comunero de Cullachaca, que tenía 25 años cuando fue detenido por ronderos y efectivos de la Marina acantonados en el estadio de la provincia ayacuchana de Huanta, en agosto de 1984. Con el se llevaron a casi cincuenta campesinos más. Algunos de ellos han sido también identificados, pero otros aún siguen desaparecidos.
Su hija, Nancy Curo, tenía casi 6 años cuando cuando su padre desapareció. A su corta edad tuvo que vivir en medio de la guerra interna. Pese a su corta edad, recuerda que los terroristas llegaban a su casa y los amenazaban para obligarlos a darles comida; lo mismo hacían los militares. Por eso, unos los tildaban de "soplones" y los otros de "terrucos".
El 10 de agosto de 1984 aparecieron los "montoneros", como llama a ronderos de comunidades vecinas, y se llevaron el ganado de Culluchaca. Su papá fue a reclamar, y nunca más volvió. Su madre, cargando su hermanito de año y meses lo siguió hasta Pampachancha, donde estaban efectivos de la Marina.
"Allí los militares han agarrado como a 40, 50 personas, entre ellos a mi papá Víctor Manuel Cruz Curo. Tenía 25 años. Los navales lo torturaron. Mi mamá vio que estaba herido y amarrado. Ella los siguió hasta Patasucro. De allí se volvió porque le contaron que los terroristas llegaron a mi casa haciendo matanza", relató a La República.
Nancy se había quedado en su casa con sus abuelitos y dos hermanitas, pero llegaron los terroristas preguntando por su papá. "Con chuchillo estaban. Le tiran patada, puñete a mi abuelito. Lo tenían como pelota en el suelo. Y cuando mi abuelita salió a defenderlo, un terruco le metió cuchillo en el cuello", contó. Nada pudieron hacer. Nadie los pudo defender.
Días después su madre fue a la base de Huanta, donde estaban acantonados los efectivos de la Marina para preguntar por su padre. "Mi mamá lloraba porque había visto que mi papá estaba mal. Ella vio que los navales maltrataban a los que se llevaron detenidos, no les daban agua, no les daban comida, en su pantalón se orinaban. Pero igual fue. Los marinos le dijeron: si tú sigues viniendo te vamos a desaparecer como lo hemos hecho a todos los presos que hemos traído".
Nancy siempre soñaba con recuperar a su papá, con saber qué pasó con él, hasta que el martes último le entregaron sus restos. "Ya puedo estar tranquila porque ya sé que estará enterrado en su tierra. Solo espero que se haga justicia por lo que le hicieron. Y ahora quieren librar a las personas que hicieron todo eso con una ley especial para ellos. Pedimos que no den esa ley", remarcó.
Equipo forense arma los restos de Víctor Manuel Cruz Curo. Foto Aprodeh
Los restos de Alejandro Araujo Cabezas, también comunero de Culluchaca, fueron entregados a su hijo, Luis Araujo, quien tenía 6 meses cuando desapareció. No tiene ningún recuerdo de él. Todo lo que sabe es que le contaron que se lo llevaron al estadio de Huanta diciendo que iba a declarar sobre los terroristas que había en la zona.
"Cinco días , dice que lo han torturado, y como se iba a realizar una diligencia de Lima, los marinos tenía que limpiar el estadio. A los menos heridos tenían que botar a la calle y a los más graves meterlo en costal y llevarlos a Pucayacu. Allí les metieron bala", sostuvo.
Refirió que hace tres semanas le informaron que su padre había sido identificado por una prueba de ADN, luego de 40 años.
"Estas heridas que tenemos fácilmente no va a cicatrizar. Yo crecí sin el amor de padre. Tenía que lucha en la vida para salir adelante. Si no lo hubieran llevado, otra hubiera sido su vida", afirmó.
Recordó que en 1984, los cuerpos hallados en Pucayacu fueron sometidos a necropsias, aunque no fueron identificados. "Ahora, cuando han hecho el armado de los huesos, vimos que a mi papá le dispararon por atrás, porque se ve un hueco de entrada en la nuca y salida en la frente", comentó.
Todos los restos tenían orificios de impactos de bala en la cabeza. Foto Ministerio Público
Identificación forense y genética
La fiscal adjunta provincial de Derechos Humanos de Ayacucho, Jenny López Rojas, explica que los restos entregados forman parte del caso Pucayacu, paraje donde se encontró una fosa con 50 cadáveres que ahora se sabe fueron personas detenidas entre julio y agosto de 1984 en la ciudad de Huanta, en las alturas y principalmente de la comunidad de Culluchaca.
Fiscal provincial adjunta de Derechos Humanos de Ayacucho, Jenny López Rojas.
Como entonces no fueron identificados se les enterró en una dos fosas comunes en el Cementerio de Huanta. El año 2009, como parte de las investigaciones por la desaparición forzada de personas en Huanta, se exhumó una de ellas, con 27 restos, los que fueron sometidos a análisis antropológico forense y genético. En esa ocasión se identificó 10 cuerpos, los que fueron de la comunidad de Culluchaca.
Manifestó que el Ministerio Público ha contado con el apoyo de la Cruz Roja Internacional, la Dirección General de Búsqueda de personas Desaparecidos para encontrar la segunda fosa a través del georadar y otros instrumentos modernos, donde había restos incompletos de nueve personas. Los juntaron con los 17 cuerpos que estaban pendientes fueron trabajados por el Equipo Forense Especializado y la Unidad de Biología Molecular y Genética. Lograron identificar los nuevos 11 cuerpos entregados.
Precisó que todos los cadáveres hallados tienen impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Agregó que en 1984 fueron encontrados con los brazos atados hacia atrás.
"Hay aún un bloque en laboratorio por identifica, y otra cantidad que aún no se encuentra. El Ministerio Público y el Subsistema de Derechos Humanos estamos comprometidos a seguir buscando y trabajando para devolverlos a sus familiares. Así como ellos hay muchos otros casos más y necesitamos más presupuesto para continuar", expuso.
Por su parte, la abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), que representa a algunas víctimas, remarcó la importancia de esta identificación tras cuarenta años de sus asesinatos, pero resaltó que aún faltan cuerpos por encontrar y si bien el Ministerio Público está realizando un esfuerzo para lograrlo, se requiere de mayor presupuesto.
Indicó que en este caso está judicializado y se está procesando como autores mediatos a los oficiales de la marina que estuvieron mando para las operaciones realizadas por el personal acantonado en la base de Huanta, que funcionaba en el Estadio Municipal, como Alberto Rivero Valdeavellano, que en agosto de 1984 era el jefe político militar de Huanta y La Mar. Se ha reservado el proceso para Augusto Gabilondo García del Barco, entonces jefe de la Base Contrasubversiva de Huanta, quien fugó a España y se espera el inicio de un proceso de extradición.
No se pudo incluir a Álvaro Artaza Adrianzén, cuyo seudónimo era "Comandante Camión", denunciado por haber dirigido las ejecuciones y desapariciones forzadas en Huanta en 1984 porque dos años después desapareció y años después fue declarado por muerte presunta, aunque investigaciones periodísticas señalan que fugó a los Estados Unidos.
En este momento el juicio oral está en etapa de lectura de pruebas documentales y se espera que se dicte sentencia en octubre próximo a más tardar. Una de las víctimas en este proceso es el corresponsal de La República, Jaime Ayala Sulca, desaparecido el 2 de agosto de 1984 tras haber ingresado a la base de la Marina