El allanamiento a la casa de la mandataria de la República, Dina Boluarte, y a las oficinas del despacho presidencial pusieron nuevamente sobre la mesa la discusión de la vacancia. Actualmente, Perú Libre y Cambio Democrático vienen recolectando firmas para iniciar ese trámite y que sea el Pleno el que, en última instancia, decida si los cuestionamientos contra la jefa de Estado ameritan que sea removida del cargo.
En tanto, la mandataria aún cuenta con un núcleo duro en el Congreso que la respalda, pese a los cuestionamientos y gestos de poca transparencia. Estos grupos parlamentarios han llegado a poner en tela de juicio el accionar del Ministerio Público.
Desde Renovación Popular se denuncia un abuso del poder y un exceso por parte del MP: “Expresamos nuestro profundo rechazo y preocupación ante la irrupción del Ministerio Público y Diviac en la residencia de la presidente en el marco del caso Rolex". Al igual que Somos Perú, que llama a la calma a todos los peruanos y la “cordura de los actores políticos y judiciales”.
En tanto, el fujimorismo reconoce que desde Presidencia no se tuvo una respuesta oportuna frente a los cuestionamientos, pero también denuncia supuestos “intereses oscuros que buscan desestabilizar el orden constitucional del país”. Calificaron la diligencia fiscal como “un mero espectáculo”. En el mismo sentido, lo hizo Alianza para el Progreso de César Acuña y Avanza País.
En su mensaje a la nación, la jefa de Estado rechazó los allanamientos a su domicilio y oficinas del despacho presidencial. En respuesta, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que descartó algún tipo de abuso durante el descerraje, registro vehicular e incautación de los relojes Rolex, que en las últimas semanas han generado una gran repercusión, al punto que el Congreso presentó formalmente una moción de vacancia.
"La diligencia, llevada a cabo en el domicilio, despacho y residencia presidencial, en Palacio de Gobierno, la noche del 29 y primeras horas del 30 de marzo de 2024, se realizó por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República; por tanto, está descartada que nuestra intervención haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva", indicó la entidad a través de sus redes sociales.
En cuanto al allanamiento, la Fiscalía aseguró que se procedió a abrir la puerta de forma forzosa luego de pasados más de 10 minutos por no tener respuesta tras haber conversado por el intercomunicador con Daniel Gómez Boluarte, hijo de la presidenta, quien les había dicho que "esperen un momento".
El abogado Mateo Castañeda, encargado de la defensa legal de la mandataria por el caso Rolex, cuestionó el actuar del Ministerio Público e informó que ninguno de los relojes examinados en los respectivos inmuebles fueron incautados por las autoridades. Aunque no confirmó si algunos de los artículos encontrados era el aparentemente más costoso, bañado en oro rosa: "Hay relojes bonitos, con ciertas apariencias, pero eso debe de determinarlo un experto".
"Se hallaron otros relojes de poco valor en la habitación de la presidenta (en Surquillo), es parte de su ajuar. Las diligencias ya no eran de exhibición, sino de registro y de incautación. La Fiscalía han constatado los relojes, han tomado fotografías y no han sido incautados ninguno de los 10 (en Palacio)", dijo la defensa de Dina Boluarte.
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Finalmente, la presidenta Dina Boluarte solicitó a la Fiscalía de la Nación adelantar la fecha de citación que se tenía prevista para el viernes 5 de abril. A través de un comunicado enviado por su firma de abogados, la mandataria pidió que se tome su declaración lo más pronto posible, en el marco de la actual crisis por la que está atravesando el Ejecutivo debido al caso Rolex. Antes del allanamiento, pedía la reprogramación al supuestamente no tener tiempo por su apretada agenda en Palacio.