La cacería del Congreso con el juicio político

El juicio político se ha convertido en el Congreso en una vía utilizada para sindicar de infracciones constitucionales e inhabilitar de la función pública a sus rivales políticos.

El 2 de febrero, luego de haber blindado a la congresista de Alianza para el Progreso (APP) Magaly Ruiz por el caso ‘Mochasueldos’, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales  (SAC) eligió a la legisladora de Fuerza Popular (FP) Martha Moyano como delegada en una denuncia constitucional contra la exministra Mirtha Vásquez.

Se trata de una acusación interpuesta por los exparlamentarios César Tuanama y Manuel Merino contra la gestión de Vásquez en la Mesa Directiva por supuestamente haber intentado, de manera irregular,  incrementarle el sueldo a nueve trabajadores, hacer designaciones a dedo y no haber cumplido con el plan contra el Covid-19.

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Según el documento, Vásquez quiso aumentar el sueldo de los asesores sin consultar al Consejo Directivo del Congreso.

Y en cuanto a las designaciones, la denuncia señala que para los nombramientos de la entonces jefa del Área de Desarrollo y Bienestar, Lucía Ascencio, y del asesor de la Oficina Legal y Constitucional, José Humberto Saldaña, no se tomó en cuenta si cumplían con el perfil técnico.

Vásquez respondió a La República que nunca se concretaron los aumentos salariales que le imputan: “A pesar de que era mi facultad disponer esos ascensos, como lo han hecho todos los presidentes, el sindicato fue a verme y me dijo que había mucha más gente que merecía esos ascensos y que si solo promovía a algunos, mucha gente se podía sentir discriminada; y en verdad tenía razón, así que, para evitar problemas, dejé sin efecto esa disposición”, contó.

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El dilema radica en que la ponente de este caso es la fujimorista Moyano, quien en diversas oportunidades ha mostrado su rechazo a Vásquez. Cuando la excongresista fue premier en el gobierno de Pedro Castillo, Moyano se mostró en contra de darle el voto de confianza. Y cuando salió a la luz el caso ‘Gabinete en la Sombra’, Moyano deslizó que también sería responsable al haber sido titular de la PCM.

Asimismo, la denuncia contra Vásquez viene de un expresidente que fue blindado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por las muertes de Inti y Bryan en las protestas del 18 de junio del 2022. Una de las congresistas que votó a favor del informe de Alejandro Cavero, de Avanza País, que exculpó a Merino, fue Moyano.

El futuro de Vásquez en este caso de juicio político está en manos de la legisladora fujimorista.

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Otros casos

Pero no son los únicos casos. El 15 de febrero, la Comisión Permanente votará el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por la contratación de Richard Swing. Lo acusan de favorecer a Swing con contratos en el Ministerio de Cultura.

Se trata de una acusación formulada en mayo del 2021 por la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. En el Congreso, el fujimorismo y sus aliados han asegurado que Ávalos jugó en pared con Vizcarra. Sin embargo, están a puertas de discutir una denuncia que ella presentó contra el exmandatario.

Vizcarra fue inhabilitado de la función pública en 2021 por el caso ‘Vacunagate’. Por eso no llegó a ser congresista cuando ganó su curul con Somos Perú.

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Pero eso no ha detenido a las bancadas que dominan el Parlamento. En mayo del año pasado, Patricia Chirinos, de Avanza País, presentó una denuncia constitucional contra Vizcarra y su expremier Salvador Del Solar por la disolución del Congreso en 2019. Un mes después, su colega de Renovación Popular Alejandro Muñante interpuso una acusación por lo mismo.

Otro caso que avanzó es la denuncia constitucional del congresista de Renovación Popular José Cueto contra el expresidente Francisco Sagasti y los exministros Rubén Vargas y José Élice por el paso al retiro de tres tenientes generales y 16 generales de la Policía. La SAC decidió que la delegada en esta acusación sea la parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP) Edith Julón.

La máxima sanción en un juicio política es la inhabilitación de la función pública. De concretarse, ninguno de estos ex altos funcionarios podrá postular a algún cargo.

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Blindaje para sus amigos en la SAC

La congresista de Avanza País y tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Rosselli Amuruz, retiró la denuncia constitucional que había interpuesto contra su colega de Podemos Perú Digna Calle por haberse ausentado durante medio año en el Congreso, por viajar a Estados Unidos. Como se sabe, ahora la pareja de Amuruz, el excongresista Paul García, se ha sumado a las filas de Podemos Perú.

El 15 de este mes, la Comisión Permanente también discutirá el caso de la congresista María Cordero Jon Tay por denuncia de recorte de sueldo. Sin embargo, fuentes del Congreso informaron que la legisladora pedirá reprogramación porque su abogado está de viaje.