Fiscalía de Chile accede ampliar extradición de Alberto Fujimori por venta de armas a las FARC
La Corte Suprema de Chile indicó que el expresidente deberá ser juzgado por los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, falsedad genérica, conspiración y otros.
Este 25 de enero, la Corte Suprema de Chile aprobó ampliar el pedido de extradición contra Alberto Fujimori. El expresidente del Perú, quien hoy se encuentra en libertad, sería investigado por los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, falsedad genérica, conspiración y otros.
"La Corte Suprema de Chile, mediante documento N.º 319 del Exp. 17850-2021, del 19 de enero del 2024, dictaminó favorablemente en las ocho causas solicitadas por la justicia peruana, para la extradición del ciudadano Alberto Fujimori Fujimori. Al haberse cumplido los requisitos exigidos en el artículo 647 del Código de Procedimiento Penal, y en lo dispuesto en el Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República del Perú, la Corte Suprema del vecino país propone que se conceda la ampliación de extradición por su responsabilidad como autor de los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, conspiración y otros", se lee en el comunicado.
Comunicado Ministerio de Justicia. Foto: Minjus
Cabe resaltar que esta solicitud se realiza debido a que en el año 1999, el expresidente del Perú habría vendido, desde Lima, un total de 10.000 fusiles jordanos a favor de la guerrilla de las FARC. En mayo del 2008, el fiscal Jorge Chávez Cotrina denunció a Fujimori por los delitos de violación y conspiración a la soberanía de un Estado extranjero, tráfico ilegal de armas y asociación ilícita para delinquir por este hecho.
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Las 8 causas de Fujimori para su extradición
De acuerdo con el documento de la Corte Suprema de Chile se concedió la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori por su responsabilidad como autor de los delitos consumados de:
- Suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, violación de soberanía de un estado extranjero, falsedad genérica y conspiración, consignados en la Nota N° 234 de la Embajada de Perú.
- Homicidios calificados y secuestros agravados de los miembros de la familia Ventocilla, consignados en la Nota N° 288 de la Embajada de Perú.
- Secuestros agravados respecto de Arturo Moreno Alcántara y otros, consignados en la Nota N° 291 de la Embajada de Perú.
- Homicidios calificados de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y otros, en operativo de rescate de rehenes en la Residencia del Embajador de Japón en Lima, consignados en la Nota N° 287 de la Embajada de Perú.
- Asociación ilícita para delinquir y peculado, consignados en la Nota N°289 de la Embajada de Perú.
- Homicidios calificados de Juan Bardales Rengifo y otros, por lesiones, graves de Margot Lourdes Liendo y otros, ocurridos en el Penal Miguel Castro Castro consignados en la Nota Nº 290 de la Embajada de Perú.
- Revelación de secretos de interés nacional en agravio del Estado Peruano, consignados en la Nota N° 286 de la Embajada de Perú.
- Delitos de lesiones graves seguidos de muerte, en un contexto de grave violación de derechos humanos en agravio de Maria Mamerita Mestanza Chávez y otras, y por lesiones graves en un contexto de grave violación de derechos.
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Fujimori y la venta ilegal de armas
El 21 de agosto de 2000, Alberto Fujimori, su asesor y jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, junto con la cúpula militar, presentaron una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno para exponer una supuesta operación de inteligencia llamada 'Plan Siberia' que desbarató una mafia de peruanos y extranjeros dedicada al tráfico de armas.
Portada de La República del 2000 sobre caso de compra de armas a Jordania. Foto: La República
Sin embargo, días después, una investigación de La República reveló que el plan fue un fraude, ya que los detenidos eran parte de una operación secreta de Fujimori y Montesinos para dotar de armas a las FARC, la agrupación extremista que asesinó a civiles y militares colombianos durante décadas.
El exasesor de Alberto Fujimori fue sentenciado a 20 años de cárcel por este delito tras confirmarse que habría coordinado con los hermanos Luis Frank y José Luis Aybar Cancho la compra del citado armamento, que fue arrojado desde un avión que sobrevoló las zonas de los departamentos de Vichada, Guainía y Vaupés.
