Fiscalía cita a Zoraida Ávalos para declarar sobre inhabilitación en caso Patricia Benavides

El Ministerio Público citó a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos para declarar sobre su destitución en el cargo y posterior inhabilitación por cinco años, hecho que fue impulsado por el Congreso de la República tras una presunta negociación y canje de votos con la suspendida fiscal Patricia Benavides, a través de sus asesores, quienes integrarían una presunta red criminal.

En el documento al cual tuvo acceso La República, se lee: "Zoraida Ávalos Rivera (...) brindará su declaración testimonial el día 2 de febrero de 2024 a las 08:00 horas o el día 5 de febrero de 2024 a las 15:00 horas respecto a su destitución como Fiscal de la Nación e inhabilitación al cargo por 5 años, por parte del Congreso de la República".

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Los congresistas que habrían negociado inhabilitación de Ávalos

Los congresistas que habrían negociado la inhabilitación de Zoraida Ávalos a cambio del archivo de los casos por los que eran investigados, según la tesis fiscal, son Katy Ugarte, de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario; Édgar Tello, del Bloque Magisterial; César Revilla y Luis Cordero Jon Tay de la agrupación parlamentaria Fuerza Popular; José Jerí Oré, de Somos Perú; Jorge Luis Flores Ancachi e Ilich López Ureña, de Acción Popular; y José María Balcázar, de Perú Libre.

Los casos que se habrían negociado corresponden a Los Niños, Mochasueldos, liberación de funcionarios acusados por corrupción, entre otros.

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Corte Suprema archiva caso de Zoraida Ávalos

La decisión de la Corte Suprema favoreció a Zoraida Ávalos, quien había sido destituida de manera inconstitucional por el Congreso por, supuestamente, no realizar un acto funcional requerido. Sin embargo, la Corte determinó que Ávalos no cometió tal delito. Esta resolución llega después de que fuera removida de su cargo en junio de 2023, acusada de incumplir sus deberes.

La acusación sostenía que Ávalos, en su rol como fiscal de la Nación, no ejerció la acción penal necesaria y no investigó adecuadamente a altos funcionarios, incluyendo al entonces presidente Pedro Castillo, a pesar de tener conocimiento de posibles actos delictivos cometidos por ellos.