Todo parece indicar que se van acabando los recursos de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para evitar que se le investigue por presuntos ilícitos, entre ellos, el de organización criminal. Las últimas acciones que se han tomado no han sido para nada a su favor.
Por un lado, se confirmó que la fiscal suprema Delia Espinoza, de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, investigará a Benavides por el caso ‘la fiscal y su cúpula de poder’, por el que es señalada como la jefa de una organización criminal. Así lo autorizó el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, quien accede a la solicitud de Espinoza para tener a su mando “la investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento”.
Por otro lado, Benavides ya ha decidido apelar la resolución del Poder Judicial que declaró improcedente su acción de amparo contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por aparente duplicidad de acciones, conocida como el ‘ruleteo’ de demandas.
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Benavides viene insistiendo judicialmente con diversas acciones legales para detener las investigaciones en su contra.
Al respecto, el exprocurador Antonio Maldonado consideró que no hay una estrategia jurídica basada en la verdad, la razón y el derecho de Benavides.
“Veo una estrategia basada en las mismas premisas que caracterizaron su gestión. Su voluntad arbitraria y la instrumentalización de la ley y el derecho. Además, de gran desesperación, y en esas maniobras está desde que era fiscal de la Nación en ejercicio pleno de sus funciones, no olvidemos que también usó su cargo para proteger a su hermana”, señaló.
Maldonado cita un principio por el que considera que la conducta de Benavides demuestra que con ella “no podemos ponernos de acuerdo en cuestiones básicas, como por ejemplo, que la acción penal pública no se negocia con los políticos”.
Sostiene que ningún político de oposición ha hecho nada para enfrentar a Benavides.
“Ella ha caído, al menos por el momento, gracias a la investigación que el propio Ministerio Público hizo y que acogió el Poder Judicial. Frente a ello, los “políticos de oposición” se han lavado olímpicamente las manos”, concluye.
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Sanción. Para el exprocurador Maldonado, si el proceso penal sigue su curso normal “la exfiscal será condenada inexorablemente, como corresponde, tal vez a quince o veinte años de pena privativa de libertad” y advirtió que en este caso “el Gobierno solo se ha lavado las manos”.