Congreso desacatará mandato judicial para intentar poner un Defensor del Pueblo a su medida

El presidente del Congreso, José Williams, convocó para este jueves a las 5 de la tarde a sesión del pleno para votar la elección del nuevo Defensor del Pueblo, pese a que el 8 de agosto el Poder Judicial ordenó suspender este proceso hasta que culmine la acción de amparo interpuesta por el sindicato de la Defensoría.

Los tres primeros finalistas en este concurso son los abogados Carlos Castro, Jorge Rioja y Beatriz Ramírez. Fuentes del Parlamento alertaron a La República que la oposición de derecha apuesta porque estos postulantes no obtengan los 87 votos necesarios para concretar su elección y así dejarlos fuera de carrera.

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Después de eso, buscarán que los siguientes postulantes propuestos por la Comisión de Elección del Defensor del Pueblo entren en carrera. Precisamente, después de Castro, Rioja y Ramírez, siguen los juristas Gastón Soto y Víctor García Toma, exmagistrado del Tribunal Constitucional.

García Toma fue propuesto por la bancada de Renovación Popular, el partido del electo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. No obstante, la candidatura del exmagistrado también cuenta con el aval de bancadas como Fuerza Popular y Avanza País.

De esta manera, este sector de la oposición buscará que la elección de García Toma sí obtenga los 87 votos. Así pretenden darle luz verde a su elección y obtener una Defensoría del Pueblo a su medida.

Al cierre de esta nota, una de las candidatas, Beatríz Ramírez, lamentó que el titular del Parlamento, José Williams Zapata, haya convocado al pleno para continuar con dicho proceso, desacatando el mandato judicial. “En un Estado democrático de Derecho las resoluciones judiciales, inclusive de las que se discrepa, deben cumplirse”, le recalca Ramírez a Williams.

Resulta contradictorio que la Mesa Directiva, de José Williams, haya puesto en agenda este tema, pues el 16 de agosto, cuando la titular del Congreso era Lady Camones, el acuerdo del pleno fue interponer una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para definir si el Poder Judicial estaba interfiriendo en las funciones del Parlamento. El TC aún no emite su veredicto.

Por tal motivo, el Sindicato de la Defensoría del Pueblo también se pronunció. “De continuar el Congreso con el proceso de elección, no solo estaría contraviniendo la medida cautelar ordenada por el juez constitucional, sino también sus propios acuerdos, pues se estaría insistiendo en continuar en trámite sobre el que previamente se había acordado acudir al Tribunal Constitucional”, recalcó.

Sin embargo, a estas alturas, la maniobra ya fue emprendida. Depende de las demás bancadas sumarse o no a este desacato al Poder Judicial.