Yenifer, David y Walter, cuñados del presidente Pedro Castillo, irían a prisión preventiva

El fiscal Hans Alberto Aguirre Huatuco, del Equipo Especial de Fiscales contra el Poder, solicitará al Poder Judicial imponer prisión preventiva para Yenifer, David y Walter Paredes, cuñados del presidente Pedro Castillo, por un presunto peligro procesal de fuga y perturbación de las actividades probatorias, en la investigación por tráfico de influencias y lavado de activos en organización criminal.

La misma medida se tomaría respecto del alcalde de Anguía, en Chota, José Nenil Medina Guerrero y los empresarios Hugo Yhoni y Anggie Estefani Espino Lucana, principales accionistas de las empresas JJM Espino Ingeniería & Construcción y Destcon Ingenieros & Arquitectos.

Aguirre Huatuco estaría tomando una decisión, que debe comunicar al Poder Judicial, a más tardar la tarde del viernes, 19 de agosto, al vencer los 10 días de detención preliminar de Yenifer Paredes que autorizó el juez de investigación preparatoria, Raul Justiniano Romero, de la Sala Penal Nacional.

Si bien, Yenifer Paredes se entregó a la fiscalía y cumple detención preliminar desde el 10 de agosto, dicha medida empezó a tener vigencia desde el 9 de agosto cuando se produce la detención del alcalde Medina, los hermanos Espino y la intervención en Palacio de Gobierno.

La fuentes del Ministerio Público no descartan que la resolución de ampliación de investigación y solicitud de prisión preventiva también puede alcanzar a la primera dama de la Nación, Lilia Paredes. Aunque, precisaron, sobre este punto todavía no hay una decisión definida. “Todo se está evaluando para poder sustentar ante el juez que debe tomar la decisión. Todavía no podemos confirmar ni descartar nada”, indicó la fuente.

El fiscal Aguirre está coordinando con los policías que apoyan las indagaciones, la necesidad y sustentó de estas medidas. Se considera que si solo se pidiera la prisión preventiva de Yenifer Paredes, se dificultaría un pedido similar posterior contra los otros dos cuñados del presidente, que se sustentaría en los mismos indicios probatorios.

El equipo del fiscal también discute internamente el tiempo por el que se solicitará la medida. Para unos serán suficientes 18 meses que luego se podrían ampliar, mientras que otros plantean solicitar el máximo de 36 meses de prisión preventiva que permite la Ley contra el Crimen Organizado.

La posibilidad de otra medida, como la comparecencia restringida se habría descartado al considerarse que favorecería a la defensa del presidente Pedro Castillo, pues se diría que la fiscalía no tiene pruebas suficientes y que incluso la intervención en Palacio de Gobierno fue excesiva.

La fiscalía sospecha que los cuñados del presidente serían pieza clave en la estructura de la presunta organización criminal que dirigiría el presidente de la República. Cumplirían el papel de cajeros y nexo entre los empresarios y los funcionarios y colaboradores del presidente, para direccionar las obras públicas en los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y gobiernos locales y, a la vez, ocultar el dinero de los presuntos pagos ilícitos.

Ante el juzgado la existencia de presunta organización se sustentaría en las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaz, Karelim López y Bruno Pacheco, la relación laboral de Yenifer Paredes con la empresa de Hugo Espino, la adjudicación de una obra en la municipalidad de Anguia, JJM Espino Ingeniería & Construcción y las entregas de dinero que David y Walter Paredes habrían realizado a Hugo Espino.

Para la defensa de los implicados en esta trama, la fiscalía no cuenta con los suficientes elementos probatorios para sustentar una medida tan drástica como la prisión preventiva. Para la fiscalía los indicios son contundentes y convencerán al juez.

La desaparición o destrucción de los videos de vigilancia en la casa presidencial de Palacio de Gobierno sustentaría el peligro para averiguar la verdad que supone que estas personas permanezcan en libertad. En tanto, que el peligro de fuga se podría sustentar en los antecedentes del caso, el hecho que hasta ahora no se capture al sobrino del presidente, Fray Vásquez y al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

Una vez que reciba la solicitud del Ministerio Público, el juez Justiniano deberá programar una audiencia pública para escuchar a la fiscalía y los abogados defensores, a fin de tomar una decisión.

La clave

Enigma. Ayer se reportó la pérdida de las cámaras de la residencia presidencial durante la búsqueda de Yenifer Paredes dispuesta por la Fiscalía. “Las imágenes no se han perdido, el sistema ha fallado”, intentó explicar Beder Camacho, secretario presidencial.