Dina Boluarte en silencio sobre nuevas firmas como presidenta de club

Distinto al primer pronunciamiento de descargo que difundió estando fuera del país, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, optó por el silencio desde el sábado último, luego de que el portal Epicentro TV difundiera nuevos documentos con su firma, donde queda en evidencia que siguió realizando trámites en el 2022 como presidenta del Club Departamental de Apurímac.

La República solicitó ayer a Dina Boluarte su versión sobre estos nuevos documentos, sin tener respuesta.

El 23 de mayo, la ministra difundió dos comunicados. En uno de ellos informó que los documentos firmados como presidenta del club departamental, luego de que había solicitado, fueron “estrictamente” para la “subsanación registral necesaria para garantizar la sucesión”.

Se trataba de una respuesta al informe de la Contraloría, entidad que detectó 13 documentos firmados por Boluarte en agosto, setiembre y octubre del 2021, cuando ya se desempeñaba como ministra del Estado.

La vicepresidenta, sin embargo, no fue del todo transparente. El portal Epicentro TV difundió nuevos documentos con su firma del año 2022.

Dina Boluarte realizó gestiones ante la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de lograr la autorización para el funcionamiento de un restaurante, un bar y un salón de eventos del Club Departamental Apurímac.

Uno de estos documentos es una declaración para licencias de funcionamiento del 7 de abril; apenas el mes pasado.

Jorge Muñoz, quien fue vacado del cargo de alcalde de Lima, ayer salió a declarar y confirmó la gestión de estos documentos. “Ella ha firmado estos documentos. Yo mismo los he visto, llamó varias veces al teléfono celular y la alcaldía para solicitar citas. Cuando la veía en eventos protocolares del Ejecutivo, también me hablaba de estas cosas”, expresó.

Acusación en curso

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ya inició el trámite de la denuncia formulada por Norma Yarrow contra Dina Boluarte.

La presidenta de este grupo de trabajo, Rosío Torres (APP), informó a esta redacción que el caso ya fue aprobado para que el equipo técnico elabore un informe de admisibilidad. El plazo es de cinco días hábiles y vence el 6 de junio.

Otra denuncia fue tramitada por el ciudadano César Candela, pero la legisladora Rosío Torres descartó su admisión, al considerar que solo pueden formular este tipo de denuncias los posibles afectados.

En relación con el proceso encaminado en el Congreso, el abogado Edward Dyer advirtió sobre la falta de una tipificación específica de las conductas que son materia de infracción.

El especialista recordó que el artículo 89 del Reglamento del Congreso establece que cualquier sanción que se establezca debe estar enmarcada dentro del principio de razonabilidad.

En su opinión, asumiendo que el Congreso no ha cumplido con tipificar las infracciones, “lo más razonable y lo más apegado a la Constitución sería censurarla como ministra”.

Dyer recordó que la Contraloría “no tiene competencia para determinar lo que es o no una infracción constitucional”. Su informe no es vinculante.

La palabra

Edward Dyer, abogado

“El Congreso debe aplicar el principio de razonabilidad. Si se consuma la inhabilitación, habría elementos objetivos para pensar que ha sido una decisión irrazonable con otros intereses detrás”.

Trámites bajo la lupa

El portal de investigación Epicentro TV difundió nuevos documentos con la firma de Dina Boluarte de enero de este año.