Roberth Orihuela
El presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, Esdras Medina Minaya, tiene una agenda clara contra la reforma universitaria. Semanas atrás, hizo aprobar en el parlamento una ley que modifica la composición de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu). Otra de sus iniciativas busca entregar un plazo de 730 días para que las universidades privadas no licenciadas puedan adaptarse y volver a operar con normalidad.
Con esto, indica el exrector de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), Rohel Sánchez, se eliminaría lo avanzado en lo que respecta a calidad educativa universitaria. La iniciativa de Medina está a punto de debatirse en el pleno, ya figura en la agenda.
El proyecto de ley Nº 777 tiene como título Ley que promueve el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad en la prestación del servicio educativo en el territorio nacional por parte de las universidades privadas con licencia institucional denegada.
El texto señala que tiene como objetivo: promover el cumplimiento de condiciones básicas de calidad en la prestación del servicio educativo por parte de las universidades privadas con licencia institucional denegada. Así como ocurrió para las universidades públicas. Solo así se conservará el derecho de igualdad de oportunidades, precisa.
En el artículo 3, señala un plazo no mayor a 730 días calendario, con el fin de que las universidades privadas con licencia denegada cumplan con las condiciones básicas de calidad de la prestación del servicio educativo.
En el texto se indica que la Sunedu se encargará de realizar el nuevo proceso de licenciamiento, “dentro de las atribuciones fijadas por el marco legal vigente”. Para ello las casas de estudio deberán presentar un plan de licenciamiento, y con eso, solicitar la evaluación correspondiente a fin de obtener licencia. Además se da pie a que el Ministerio de Educación (Minedu) pueda suscribir convenios de colaboración interinstitucional con las universidades privadas para que puedan implementar los mecanismos exigidos.
Este medio intentó obtener una versión del parlamentario, pero no respondió las llamadas ni mensajes. En su exposición de motivos, el congresista señala que tras la denegación de las licenciaturas a las universidades privadas, 100 mil estudiantes se vieron perjudicados. Esto, dice, generó incertidumbre para concluir sus estudios superiores. Esto a pesar de que la ley señala que los estudiantes de universidades no licenciadas podrán migrar a otras casas de estudios. Pero Medina Minaya señala que hay diferencia en las mallas curriculares y las pensiones. En el proyecto se argumenta que las universidades privadas licenciadas cobran pensiones mucho mayores que las que no fueron licenciadas. Pero no indica que también podrían migrar a universidades públicas.
Además, sostiene que las universidades públicas no licenciadas tienen un periodo de gracia otorgado por el Minedu, para que alcancen las condiciones básicas de calidad. Por ese motivo, dice, que debe darse la misma figura para las universidades privadas. Y hace llamado a diversas leyes y pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC), que advierten el derecho a educación de los ciudadanos peruanos.
Al respecto, el exrector de la Unsa advierte que el proyecto de ley solo provocaría un retroceso a lo ya avanzado en calidad educativa. “Es un atentado a la única política estatal que ha funcionado. Se quiere dar una segunda vida a universidades que no pudieron cumplir condiciones básicas de infraestructura, laboratorios y educación. Porque la universidad no es sólo formación, sino generación de ciencia y tecnología”, explica.
La exautoridad universitaria también critica la justificación de la afectación a estudiantes. “No es justificación. Lo que se debe garantizar es que no se lucre y que se generen condiciones en el sistema universitario. Lo que el congresista debe hacer es promover el fortalecimiento de la calidad docente. También la exoneración de impuestos en la importación de servicios académicos. Porqué mejor no promover el acceso universal de internet satelital”, agrega.
El docente universitario Federico Rosado indica que el licenciamiento que realizó la Sunedu fue para verificar las condiciones mínimas de las universidades. Y justamente las universidades privadas no licenciadas no cumplieron. “Ahora viene el licenciamiento de cada carrera, y es lo más difícil. La Sunedu ya empezó con las carreras de Medicina, Derecho y Educación. Eso es más complicado y es lo que también deberían demostrar las universidades no licenciadas”, añade.