Verónika Mendoza: “Mi solidaridad con las víctimas de la represión policial”

La excandidata presidencial y lideresa del movimiento político Nuevo Perú, Verónika Mendoza, expresó su solidaridad por las víctimas mortales producto del enfrentamiento entre los manifestantes y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Asimismo, por medio de sus redes sociales, Verónika Mendoza consideró que “de la misma manera” se debe investigar a los que originan actos vandálicos en el interior del país usando las protestas como objetivo para desestabilizar al Gobierno.

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“Mi solidaridad con las víctimas de la represión policial. Investigación y sanción a los responsables de estas violaciones a los derechos humanos. De la misma manera se debe investigar los actos vandálicos promovidos por quienes solo quieren caos y violencia en el país. ¡Basta de impunidad!”, escribió en su cuenta de Twitter.

De acuerdo a información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), hasta la fecha, dos personas murieron producto de disparos realizados por la Policía. En ese sentido, la institución exigió la renuncia del ministro del Interior, Alfonso Chávarry, y le pidió, además, que “asuma su responsabilidad política”.

Verónika Mendoza rechazó DS de inmovilización

Luego de que el Gobierno decretara inmovilización social obligatoria para el martes 5 de abril en Lima y Callao, debido a las violentas protestas, Verónika Mendoza manifestó su rechazo a la medida.

Asimismo, expresó que las autoridades “ningunearon” a los manifestantes que se encontraban expresando su molestia por la crisis económica que ha golpeado a sus sectores de trabajo.

“El Gobierno no solo ha traicionado las promesas de cambio por las que el pueblo lo eligió, sino que ahora repite el método de ‘resolución de conflictos’ de la derecha: ningunear a quienes se movilizan expresando su legítimo malestar por la situación económica y política, reprimir, criminalizar y restringir derechos”, compartió en su Twitter.

“Mi total rechazo a esta medida arbitraria y desproporcionada que antes se impuso en el Corredor Minero del Sur y otras regiones, y que nunca resolvió nada, sino, por el contrario, puso en riesgo los derechos humanos y ahondó la distancia entre el Estado y la gente”, añadió.