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Política

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazó toque de queda aplicado por Castillo

Este martes 5 de abril, Lima y Callao se encuentran bajo una orden de inmovilización social que culmina esta noche a las 11.59 p. m.

larepublica.pe
Pedro Castillo dará un mensaje a la nación luego de liderar sesión extraordinaria de Consejo de Ministros. Foto: Presidencia

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó la decisión del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, de decretar un toque de queda para Lima y Callao, que rige durante este martes 5 de abril, con la finalidad de controlar los actos de violencia en las calles producto de los paros de los gremios de transportistas y de agricultores. Advierten que dicha medida afecta inmisariamente a la población.

“La inmovilidad dispuesta en Lima Metropolitana y Callao afecta innecesaria e indiscriminadamente los derechos de la población, incluyendo niñas, niños y adolescentes que nuevamente deben aislarse en sus domicilios, así como las economías familiares ya duramente golpeadas por la pandemia y el alza de precios”, expusieron a través de un comunicado.

En esta línea, la CNDDHH instó al jefe de Estado a adoptar otras medidas a fin de controlar los actos de violencia registrados en el marco de las manifestaciones. “El Gobierno debe garantizar la seguridad a través de medidas menos restrictivas, como acciones de inteligencia y un despliegue policial en zonas estratégicas”, agregó.

La CNDDHH rechaza toque de queda de Castillo. Foto: comunicado oficial

Acusan un uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes

Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) contra los manifestantes y demandó a Pedro Castillo a conducir su Gobierno con un gabinete calificado y respetando el derecho de los ciudadanos.

“Demandamos al presidente Pedro Castillo que conduzca el Gobierno con un gabinete calificado que implemente medidas concretas para garantizar los derechos civiles, sociales y económicos de la ciudadanía, la suspensión de la inmovilidad, y un despliegue policial que bajo el estricto respeto de los derechos humanos proteja a la población”, agregó.