Levantarán secreto bancario a funcionarios que dieron obra a empresa de Karelim López

El secreto bancario de las cuentas de los servidores de Provías Descentralizado Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Más será levantado por acuerdo de la Comisión de Fiscalización, que investiga presuntos actos de corrupción en la adjudicación de obras públicas por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La medida también alcanza al amigo del presidente Pedro Castillo, Segundo Sánchez Sánchez, en cuya vivienda en el jirón Sarratea sostuvo reuniones el jefe de Estado, y a la exalcaldesa de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera Vásquez, allegada al exsecretario presidencial Bruno Pacheco.

Víctor Valdivia y Edgar Vargas aprobaron entregar el proyecto de construcción del Puente Tarata III, por 232,5 millones de soles, a la compañía Termirex. No obstante, el presidente de la comisión de adjudicación, Miguel Espinoza Sánchez, se pronunció en contra porque encontró deficiencias en la oferta de esta empresa.

En declaraciones a la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire, la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López Arredondo aceptó que en dicho proceso de licitación existieron irregularidades. También admitió que ella trabajaba en la sombra para Termirex, en compañía de Luis Pasapera Adrianzén, hermano de los dueños de la constructora.

Poco después del sospechoso otorgamiento de la buena pro a favor de Termirex, el exministro de Transportes Juan Silva —también investigado por la Comisión de Fiscalización— promovió como gerente de Provías Descentralizado a Víctor Valdivia, y luego este nombró gerente de Obras a Édgar Vargas.

Karelim López también declaró que el empresario Zamir Villaverde García —otro de los investigados por la Comisión de Fiscalización— ofreció millonarias obras públicas a Luis Pasapera, vinculado con la constructora Termirex.

El MTC anuló el contrato de Puente Tarata III con Termirex luego de que se ventilaea el presunto favorecimiento ilícito. Después, la Contraloría General de la República practicó una auditoría y detectó graves irregularidades en el procedimiento de adjudicación.