Con una demanda judicial de hábeas corpus, el presidente Pedro Castillo enfrenta el riesgo de ser suspendido del cargo por acusación constitucional del Congreso. Días después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento aprobó un informe contra él, su abogado, Eduardo Pachas, presentó la demanda para anular la decisión de ese grupo congresal.
La Subcomisión había aprobado un informe que apunta a que el Parlamento haga acusación constitucional a Castillo, es decir, por violar la Constitución, alegando presunta traición a la patria. Esto por lo que dijo en CNN sobre una salida al mar de Bolivia. Si el caso avanza, pasa a la Comisión Permanente del Congreso y está activa el proceso de acusación y Castillo queda sometido al Pleno. Si este aprueba hacer la acusación, el jefe del Estado sería suspendido del cargo y pasa al Poder Judicial para que se resuelva si cometió el delito.
El hábeas corpus es contra los congresistas de la Subcomisión y alega que cometieron “presunta vulneración del derecho a la libertad individual: debido proceso, tutela procesal efectiva debida en sede parlamentaria, vulneración de principio de legalidad, principio de inaplicabilidad de la ley penal por analogía en mala parte, vulneración a la presunción de inocencia y vulneración a la libertad de conciencia”. El martes 8, el juez constitucional Juan Torres admitió la demanda.
Pachas aduce que lo que dijo Castillo a CNN no significa atentar “contra la integridad de la nación” como establece el delito de traición a la patria y que el mandatario en esa entrevista adujo: “No es mi intención” cuando se habla de una posible cesión de mar para Bolivia.
“No atentan al bien jurídico, soberanía nacional, toda vez que no se está dando salida al mar a Bolivia ni tampoco se le está entregando soberanía del mar peruano”, dice el abogado.
Además, destaca que el mandatario “no es militar ni policía en actividad, por tanto, no tiene ni puede cometer el delito de traición a la patria por el código de justicia militar”.
La presidenta de la Subcomisión, la congresista Rosío Torres, adujo que su grupo asegura el proceso y cuestionó posibles mandatos del Poder Judicial.
“No estamos para imposiciones del Poder Judicial, nos basamos en el reglamento, con base en ello procedemos en las denuncias”, expresó en RPP.
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El abogado constitucionalista Omar Cairo, profesor de la Universidad Católica, PUCP, advierte que el Congreso no puede desobedecer un mandato judicial y que la denuncia contra el presidente Pedro Castillo es insostenible porque este no respaldó que el Perú ceda territorio.
“La denuncia constitucional es insostenible. Imputa traición a la patria por respaldar el reclamo boliviano de salir al mar y que lo consultaría al pueblo, pero no dijo que daría territorio peruano, además el reclamo de Bolivia es salir por Chile”, dijo.
En el 2014, el Poder Judicial anuló la investigación del Congreso contra Alan García. En el 2021, eliminó el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional.