Karelim López: ¿quiénes conformarían la presunta organización criminal liderada por Castillo?
La versión de parte de la empresaria todavía deberá ser verificada por la Fiscalía. No obstante, su testimonio como aspirante a colaboradora eficaz podría ser clave en el esclarecimiento de hechos.
La presunción de que existe una organización criminal encabezada por el presidente Pedro Castillo habría sido relatada por Karelim López Arredondo al acogerse a la colaboración eficaz. Según fuentes de este diario, alrededor del 18 de febrero la empresaria se presentó en la Fiscalía de lavado de activos en compañía de su abogado César Nakazaki. Allí, frente a la fiscal provincial Luz Taquire, empezó a hablar de una presunta organización ilícita infiltrada en Palacio de Gobierno y Ministerios.
Las motivaciones de López Arredondo para cambiar su declaración de inocencia por culpabilidad son inciertas. Versiones que trascendieron comentan que en uno de los allanamientos que hizo la autoridad de investigación le habrían encontrado una agenda con nombres y presuntos apuntes de pagos de dinero.
El semanario Hildebrandt en sus trece hizo saber que el “Equipo Especial del caso Lava Jato” congeló las cuentas bancarias de la empresaria y que eso la forzó a hablar de todo y de todos. Fuentes del mismo medio advirtieron que, desde que habló, López comenzó a recibir amenazas de muerte.
De cualquier forma, la versión que trascendió bajo la identidad clave nº 001-2022-2°-FISLAA, que se atribuye a López Arredondo, no debe tomarse como una sentencia condenatoria. Sin embargo, la oposición congresal, que se reunió en Casa Andina para maliciar planes de vacancia presidencial —y que luego pactó brevemente con Perú Libre—, podría volver al asecho. Por su parte, el jefe de Estado negó pero no esclareció ningún hecho.
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Karelim López aseguró que Castillo Terrones tiene conocimiento de todos los hechos que ha denunciado y que implican al actual Poder Ejecutivo.
La investigada dijo que el objetivo de la organización criminal sería obtener dinero de las licitaciones de obras públicas, los nombramientos de los directores del Ministerio de Salud, los ascensos en los institutos armados y los reclamos tributarios ante la Sunat. El total recaudado, según la postulante a colaboradora eficaz, habría sido utilizado para pagar las deudas que Castillo habría contraído en la campaña electoral. Entonces, ¿quiénes serían los principales integrantes de la organización criminal?
Segundo Alejandro Sánchez Sánchez: dueño de la casa del jirón Sarratea
Tal y como se registra en la declaración de López, la casa de Sarratea habría sido el local central de las hipotéticas negociaciones de la organización criminal durante los primeros días de mandato.
Por inferencia, el dueño del inmueble y paisano de Castillo Terrones, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, estaría implicado no solo por prestar la infraestructura. La lobbista contó que en setiembre del 2021 escuchó una discusión entre el presidente y el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, en la cual debían atender un pedido de Sánchez sobre un negocio de mercurio y litio.
Segundo Alejandro Sánchez Sánchez. Foto: Gerardo Marin/LR.
Bruno Pacheco Castillo: ex secretario general de la Presidencia
En la conversación que escuchó Karelim López, el negocio era poner una empresa y elevar el precio del mercurio. Para ello, el presidente debía sacar una resolución a favor de los empresarios del sector.
“Tengo conocimiento de que Bruno Pacheco fue a hablar con el jefe de la Sunat para sacar la resolución a favor del mercurio, pero le dijeron que era muy contaminante. Luego, el propio Alejandro Sánchez buscó un contacto directo con el jefe de la Sunat y en diciembre logró pactar que saliera la resolución a cambio de ratificar al jefe de la Sunat”, se precisa en el documento filtrado.
Pero ese no fue el único intercambio que López habría escuchado: el 9 de noviembre del 2021 ambos (presidente y entonces secretario) se hicieron reclamos. Pacheco se quejó de que un director le reclamó que había pagado 150.000 soles para que le den el puesto en el Ministerio de Vivienda y que no se habría cumplido con ello.
Bruno Pacheco Castillo. Foto: John Reyes.
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Juan Francisco Silva Villegas: ministro de Transportes y Comunicaciones
La colaboradora clave nº 001-2022-2°-FISLAA asegura que el presidente del Perú integraría una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con la participación del ministro Juan Silva y el empresario y especialista en seguridad Samir Villaverde.
Juan Francisco Silva Villegas. Foto: Carlos Contreras/LR.
Zamir Villaverde García: empresario y especialista de seguridad
La aspirante a colaboradora comentó que Zamir Villaverde organizó las operaciones en el MTC al recomendar a los altos funcionarios de esa entidad, como el director de Provías Descentralizado.
En esa línea, López entregó una lista de siete obras de infraestructura que habría sacado de la computadora de Bruno Pacheco que se habrían negociado en los primeros meses del Gobierno. Los integrantes de la organización delictiva se habrían adjudicado unos 223 millones de soles entre fines de agosto, setiembre y octubre de 2021.
“Karelim López le reclamó a Bruno Pacheco por lo que sucedía en el MTC. Pacheco le respondió que eso estaba mal porque eso lo manejaba el ministro Juan Silva y los sobrinos Castillo y Zamir, y no me permiten nada porque eso lo decide Pedro Castillo”, transcribió la Fiscalía.
Zamir Villaverde García. Foto: captura.
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Omar Tello Rosales: fiscal superior
Según López, el presidente Castillo le habría dicho: “Tengo que pagar a los empresarios que han financiado mi campaña”. Para lograr esos hipotéticos fines, la organización habría logrado obtener el apoyo legal y la protección del fiscal superior Omar Tello Rosales, coordinador de las fiscalías anticorrupción, y de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera.
Omar Tello Rosales. Foto: Virgilio Grajeda/LR.
‘Los Niños’: congresistas de Acción Popular
La lobbista mencionó en general a cinco congresistas de Acción Popular, pero solo precisó nombres de dos: Raúl Felipe Doroteo Carbajo, parlamentario por Ica, y el médico Juan Carlos Mori Celis, representante por la región Loreto.
López dice que estos legisladores hacen todo lo que el presidente les solicita a cambio de beneficiarse con millonarios contratos del MTC, a través de la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC y un grupo de empresas de inversionistas chinos (el consorcio Conservación Vial Mazocruz, China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú y Grupo Constructor y Consultor Asociados).
Los sobrinos del presidente
Fray Vásquez Castillo, Rousbelt Oblitas Paredes y Gian Castillo Gómez, consanguíneos de Pedro Castillo, también fueron mencionados por López Arredondo cuando habló de la presunta mafia que existe en el MTC.
Este grupo antes descrito habría obtenido contratos por 463 millones de soles a través de la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC. El verdadero dueño de la privada sería Alejandro Felipe Aguilar Quispe.
