Señalan que existe afectación letal para aquellos que viven del turismo y la pesca

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, señaló que el grave derrame de hidrocarburos ocurrido en Ventanilla (Lima) es un delito ambiental que no puede quedar impune por dañar el ecosistema marino, el balneario de Ancón y otras playas del litoral central del Perú. Según precisó, la reparación ecológica con tecnologías limpias es una exigencia inmediata a Repsol, empresa cuya licencia debería ser evaluada y suspendida a consecuencia.

De esta manera, Sánchez afirmó que existe una real afectación económica para aquellos que viven de manera directa e indirecta del turismo y pesca en esa zona del país.

“Además del terrible daño a la fauna marina y silvestre, tenemos otro que es preocupante: la afectación de las familias que viven del turismo. Los bañistas permitían que negocios relacionados al turismo y la recreación generen ingreses económicos, los cuales ahora se han perdido”, aseveró el ministro.

El titular del Mincetur mencionó que Repsol debe hacerse responsable e indemnizar al Estado peruano, las familias afectadas, los pescadores artesanales y las autoridades locales. “Como ciudadanos exhortamos los buenos oficios al Gobierno español”, apuntó.

“La referida empresa posee una póliza de seguros que debe cubrir la responsabilidad civil por los daños causados. Exigimos una profunda investigación y sanción ejemplar para los responsables”, finalizó.

Pedro Castillo anuncia acciones penales

El presidente Pedro Castillo anunció que el Gobierno tomará “acciones penales, civiles y administrativas” hacia los responsables del derrame de petróleo en Ventanilla. En tanto, calificó esta negligencia como uno de los “ecocidios más grandes que se han suscitado en nuestras costas y mar”.

El mandatario aseveró que el Ejecutivo tomará un rol sancionador por la afectación hacia la “flora, fauna y comunidades”. Del mismo modo, sostuvo que no permitirá que se “pisoteen impunemente los ecosistemas y la honra de nuestro pueblo”.