Ministro Torres: “Este es un mal nacional; se han celebrado contratos para perjudicar al Estado”
Titular de la cartera de Justicia, Aníbal Torres, fue consultado respecto al pedido de la concesionaria Angostura Siguas para la caducidad del contrato de concesión del proyecto Majes Siguas II.
El ministro de Justicia, Aníbal Torres, fue consultado este martes por La República sobre las medidas que tomará el Gobierno luego de que la concesionaria Angostura Siguas pidiera la caducidad del contrato de concesión del proyecto Majes Siguas II y no descartara iniciar posibles acciones legales por daños y perjuicios.
Torres dio una respuesta general en la que explicó que los procesos de resolución de contratos que llevan a un arbitraje son la razón de la paralización de diferentes obras en el país, lo cual afecta al Estado debido al tiempo que pueden tardar en resolverse este tipo de problemáticas.
“Este es un mal nacional. Se han celebrado los contratos para perjudicar al Estado, para beneficiarse con las adendas permanentemente, y se ha señalado una clausula allí que, en caso de que el concesionario no cumpliera el contrato, se resuelve y se remite al arbitraje, y sabemos cómo duran los arbitrajes en estos procesos”, indicó el titular de Justicia, durante una conferencia de prensa.
Torres consideró que estos procesos deberían ser automáticos y, a partir de ello, seleccionar a otro concesionario o que el Estado asuma la ejecución del proyecto.
“Si la empresa ha incumplido, se resuelve el contrato y ya no se remite al arbitraje ni al juez, sino automáticamente, y de pleno derecho, queda resuelto; se liquida la obra hasta donde se ha ejecutado, y de allí se reinicia la obra con otro concesionario o mediante los mecanismos que tiene el Estado para el mismo hacerse cargo de la ejecución de esa obra, y terminaríamos con esta situación de que muchísimas obras en el país están paralizadas”, opinó Torres.
Cabe precisar que la concesionaria Angostura Siguas, en su carta dirigida al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señala cuatro incumplimientos en los que habría incurrido el GRA para justificar la caducidad del contrato.
