Es tiempo de definiciones en casos emblemáticos

El año 2022 será de definiciones en la Fiscalía y el Poder Judicial en diversos procesos del caso Lava Jato y Cuellos Blancos del Puerto, después de más de cuatro años de investigaciones. Además, se definirá si se investiga al presidente Pedro Castillo y si el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, recibe una segunda condena por sus actos como gobernador regional de Junín.

Para el miércoles 12 de enero está previsto el inicio del juicio a Kenji Fujimori y los excongresistas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez por negociar con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski votar en contra de la vacancia a cambio de indultar a Alberto Fujimori.

En paralelo se seguirá desarrollando el control de la acusación por lavado de activos contra su hermana Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular por recibir aportes de Odebrecht y otros durante las campañas del 2011 y 2016.

Las audiencias de control de acusación se iniciaron en agosto del 2021 y hay una pequeña probabilidad de que termine este año, pero no todo depende del juez Víctor Zúñiga Urday, sino de lo que las partes planteen. Por ejemplo, el 28 de diciembre este proceso se paralizó hasta el 18 de enero para definir si la Procuraduría de Lavado de Activos puede participar en las audiencias. La paralización podría durar más tiempo.

Humala y Nadine

El control de la acusación contra el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia comenzó en mayo del 2019 y, pese a todo el esfuerzo del juez Richard Concepción Carhuancho, recién terminó en noviembre del 2021.

Se prevé que los primeros meses del 2022, Humala y Nadine pasen a juicio. Pero el Tercer Juzgado Penal Colegiado designado para este proceso, integrado por los jueces Nayko Coronado Salazar, Raúl Caballero Laura y Max Vengoa Valdiglesias, viene desarrollando el juicio por La Centralita, contra César Álvarez.

Hay varios juicios y controles de acusación en cola. El 2021, después de cuatro años de investigación, el equipo especial del caso Lava Jato se puso las pilas y presentó acusaciones por los casos Metro de Lima, Ositran, Bonos Soberanos, Vía Costa Verde Callao y dos contra el expresidente Alejandro Toledo.

Ahora, el fiscal superior Rafael Vela y la procuradora ad hoc Silvana Carrión le piden al Poder Judicial celeridad y jueces a dedicación exclusiva. Pero, más que eso, la Corte Penal Nacional tendría que triplicar el número de jueces y personal administrativo para atender todos esos procesos con la rapidez que reclama la Fiscalía.

El problema es que el Poder Judicial no tiene suficiente presupuesto. La Fiscalía debió prever esta situación para no crear el cuello de botella actual. Las acusaciones se van a estancar por más que los jueces trabajen sin dormir, sin vacaciones y sin días descanso, señalan las fuentes judiciales.

Previendo esta situación, la Fiscalía Suprema a cargo del proceso a “Los Cuellos Blancos del Puerto” ha empezado a desembalsar sus procesos, pues a nivel de la Corte Suprema solo hay un juez de investigación preparatoria y un tribunal de juicio.

La última semana de diciembre logró aprobar la colaboración eficaz del expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos Montalvo. Recibió una condena de 12 años de prisión y 500.000 de reparación civil a cambio de ser testigo de cargo en 44 procesos, y ya inició un control de acusación por otro caso.

Lo mismo deberían hacer las fiscalías provinciales del caso Cuellos Blanco, a fin de evitar que todos los procesos concluyan al mismo tiempo y colapsen la Corte Penal Nacional.

Al lado de las acusaciones y control de acusaciones, los jueces deben evaluar medidas restrictivas o ampliar las ya existentes, como en el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, cuya detención domiciliaria vencerá en abril del 2022, pero hasta ahora no hay acusación ni avances en la investigación preparatoria.

Los casos del nuevo Gobierno

En la Corte Superior de Junín, a mediados del 2022, deberá concluir un segundo juicio a Vladimir Cerrón por presunta malversación de fondos en el manejo del presupuesto regional el 2010. Si la Justicia logra probar los cargos, podría ser la segunda condena que se dicte en su contra.

Si bien la Fiscalía abrió y suspendió la investigación al presidente Pedro Castillo, esto no afecta las investigaciones que realizan los fiscales Marco Huamán sobre Bruno Pacheco; Karla Zecenarro sobre Karelim López y Provías; Nora Córdova sobre Petroperú; y Janet Sánchez Porturas sobre la FAP. Ellos podrían citar a declarar al presidente Castillo en calidad de testigo y lo que averigüen tendrá repercusiones.