El fiscal adjunto supremo Ramiro González Rodríguez se pronunció a favor de la decisión de la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, de abrir una investigación al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y congelarla inmediatamente. Señaló a través de un comunicado del Ministerio Público que en más de 40 años de vida institucional la Fiscalía de la Nación ha seguido una misma línea y no existe antecedente alguno de investigación a un presidente en ejercicio.
“Lo que se pretende, desde algún sector, es convertir a la Fiscalía en un instrumento político, y eso no corresponde constitucionalmente. El Ministerio Público es autónomo y le corresponde conducir la investigación del delito dentro de los parámetros constitucionales”, señaló.
González Rodríguez recordó que Zoraida Avalos marcó un hito en la historia del Ministerio Público al abrir investigación preliminar a un presidente de la República en funciones, como lo hizo con Martín Vizcarra y ahora con Pedro Castillo. Señaló que se actuó de acuerdo a lo que señala la Constitución y a los precedentes respecto de su interpretación sobre investigaciones a un mandatario en funciones.
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“Hemos tenido al expresidente Fujimori con sus escándalos mediáticos y jurídicos, a Alan García con el caso Petroaudios en 2008, a Toledo con sus propios problemas judiciales como la venta de un canal de televisión y el caso Bavaria, al presidente Humala con el caso Antalsis con Belaunde Lossio, etcétera. Recién a partir de la gestión de la fiscal de la nación, Zoraida Avalos, con el caso Vizcarra, cambia esa línea y se define que sí se puede abrir investigación a un presidente”, agregó.
La fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, decidió abrir investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión por las visitas a la casa de Breña y a Palacio de Gobierno por parte de la lobista Karelim López y las subsiguientes adjudicaciones de contratos en Provias Descentralizado y Petroperú por la compra de biodiesel.
Ávalos dispuso la notificación de la resolución respectiva al presidente Castillo y al procurador general del Estado, Daniel Soria. En ese momento, el presidente participaba en la ceremonia de apertura del año judicial 2022. En su discurso, Castillo señaló que su Gobierno respeta la independencia judicial y promoverá una justicia imparcial.