Congreso quita el derecho de referéndum a los ciudadanos

El pleno del Congreso aprobó ayer una ley que, según los especialistas consultados por La República, es un zarpazo contra la consulta popular para una asamblea constituyente y es una norma abiertamente inconstitucional.

Con el apoyo de congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular y Podemos Perú, el dictamen de la fujimorista y presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, que limita el referéndum para reformas constitucional, fue aprobado con 76 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones.

La consigna de estas bancadas fue aprobar dicha iniciativa de manera express, pues hasta la exoneraron de segunda votación con 78 congresistas a favor, 41 en contra y tres abstenciones.

El texto sustitutorio modifica los artículos 40 y 44 de la Ley 26300 (Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano) para estipular que no se puede convocar a un referéndum por una reforma constitucional que no haya pasado por el trámite que ordena el artículo 206 de la Constitución.

Dicho artículo señala que toda reforma de la Carta Maga debe ser aprobada con mayoría simple en el Congreso y luego ser ratificada en consulta ciudadana o recibir la venia de 87 congresistas en dos plenos de legislaturas diferentes.

Recordemos que un sector del partido Perú Libre venía recolectando firmas, amparados en el artículo 32 de la Constitución, para modificar la Carta Magna, vía consulta popular y así concretar la convocatoria de una asamblea constituyente.

Con el dictamen aprobado de Juárez, la izquierda tendrá que optar por el camino parlamentario para lograr la Constituyente: presentar un proyecto de ley de reforma constitucional, discutirlo en la Comisión de Constitución y votar su aprobación en el pleno del Congreso.

En caso reciba luz verde de la mayoría simple de parlamentarios, recién podrá convocarse a una consulta popular.

La ley aprobada llegará a manos del presidente Pedro Castillo. El Ejecutivo puede observarla o simplemente no firmar la autógrafa. Pero es inminente que el Parlamento igual la promulgará por insistencia de la oposición de derecha.

Protestas en el hemiciclo

El dictamen de Juárez no fue bien recibido en el debate del pleno por las bancadas de izquierda, precisamente porque estos grupos políticos están a favor de cambiar la Constitución mediante una consulta ciudadana.

El congresista de Perú Libre, Jaime Quito, demandó que esta propuesta retorne a debatirse a la Comisión de Constitución.

“Para que, de esta manera, se continúe debatiendo y estoy seguro de que ahí pasará al archivo porque no tiene ninguna fundamentación el quitarle el derecho al pueblo para que decida si quiere o no una nueva Constitución a través de un referéndum”, manifestó.

Igual también protestó la vocera de Juntos por el Perú (JP), Ruth Luque: “Detrás de este dictamen hay una intención de negarle al pueblo su derecho legítimo de convocar a un referéndum. No hay nada más democrático que permitir el debate sin censura del tema de una nueva Constitución”.

Pero era demasiado tarde, porque los votos ya daban por sentada la aprobación de la ley.

Juárez, durante su intervención, reconoció que el objetivo principal de este dictamen, que nace de una iniciativa de ley de su colega fujimorista Hernando Guerra García, es evitar una asamblea constituyente mediante la recolección de firmas de la población para un referéndum.

“Se ha querido engañar a los ciudadanos desde tiempos de la campaña y se les ha dicho que con el artículo 32 me voy de frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y saco una asamblea constituyente y cambio todo el sistema del país y eso no es exacto”, manifestó.

Es inconstitucional

Para el abogado constitucionalista Pedro Grandez, es cierto que la norma no es clara, pero eso no justifica que el Congreso apruebe una ley que limita el derecho de los ciudadanos, cuando el camino correcto para modificar los requisitos de un referéndum es la reforma constitucional.

“Es bien burdo este intento porque claramente es una modificación de la Constitución. Están queriendo añadir algo al artículo 32 de la Constitución. Todos estos intentos son para frenar lo que deberíamos discutir abiertamente: ¿Podemos ir o no a una reforma de la Constitución?”, alegó Grandez.

Para el jurista, esta ley, si el Ejecutivo lo decide, fácilmente puede terminar en una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC). “Buscan paralizar a quienes estaban recogiendo firmas”, agregó.

El abogado y exvocero del JNE Jorge Jáuregui también considera que la norma busca interpretar la Constitución sin hacer una debida reforma.

“Me parece que sería inconstitucional porque una ley no puede ir sobre la Constitución. Es derecho de los ciudadanos solicitar un referéndum. No se puede interpretar el artículo 206 de la Constitución como si fuera una isla. Es dentro de un conjunto de una racionalidad política. La forma adecuada es una interpretación sistémica. Si no un régimen democrático así puede derivarse en una tiranía”, advirtió.

No es la primera vez que Juárez, hoy fujimorista, impulsa un dictamen polémico. Antes lo hizo con la ley de interpretación auténtica de la cuestión de confianza. Dicha iniciativa legal fue denunciada ante el Tribunal Constitucional.

Ley que limita referéndum

Como lo reconoció Patricia Juárez, esta ley evita la recolección de firmas. Así el Congreso será quien decida las consultas populares.

Lo que dice la Constitución

Según Jorge Jáuregui, este artículo de la Constitución permite a la ciudadanía tener un referéndum para cambiarla. El dictamen de Juárez lo restringe.

El dictamen de Patricia Juárez limita cualquier referéndum por reforma constitucional a este artículo de la Constitución. Así empodera al Congreso.

Reacciones

Verónika Mendoza, Nuevo Perú

“Se puede estar a favor o en contra de cambiar la Constitución, pero no se puede negar el poder constituyente del pueblo soberano ni su derecho a promover un referéndum”.

Fernando Tuesta, politólogo

“No estoy a favor de la asamblea nacional constituyente, pero esta es una nueva ley interpretativa de la Constitución. No le corresponde al Congreso de la República”.