El Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la carta magna, resolvió declarar inconstitucional la cuarta legislatura que implementó el anterior Congreso, una medida que fue respaldada en ese entonces por las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Frepap, Podemos Perú, Unión por el Perú, Somos Perú y Nueva Constitución, y que les permitió aprobar reformas constitucionales.
Fue el Colegio de Abogados de Ayacucho el que presentó la demanda contra el Legislativo ante el TC. Y no solo logró eliminar esa cuarta legislatura, también consiguió que tres reformas de la Constitución aceptadas en ese periodo sean declaradas como inconstitucionales: la que dispuso que el presidente se quede un año en el país tras culminar su mandato, la que refuerza la protección del patrimonio cultural de la nación y la que facilita al contralor solicitar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria y bursátil en el marco del control gubernamental.
Una de las bancadas del Parlamento previo que impulsó está cuarta legislatura fue la de Acción Popular, por lo que La República consultó con dos miembros del actual grupo legislativo, Ilich López y Luis Aragón, para conocer su opinión.
“Lo que debo manifestar, haya quien haya votado esa medida o quien la haya propuesto, es que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y nosotros vivimos en un Estado de derecho. Debemos respetar a los organismos que le dan un proceso democrático al país. En ese sentido, bueno, pues, se equivocaron (los integrantes del anterior Congreso)”, declaró López en diálogo con La República. “Lo que nosotros debemos hacer es aceptar, como demócratas que somos, las sentencias del TC”, agregó.
En la misma línea fue su colega acciopopulista Luis Aragón, quien señaló que “hay que respetar la autonomía del Tribunal Constitucional y también sus decisiones”, ya que “estamos en un Estado de derecho”. Y añadió: “No fueron solo de una bancada (en referencia a Acción Popular), sino de diferentes bancadas, quienes interpretaron que ese momento era necesaria una cuarta legislatura; se aprobaron unas reformas constitucionales y tendrán que quedar sin efecto”.
Aragón Carreño también manifestó que en su grupo parlamentario aún no han analizado las tres reformas declaradas inconstitucionales, pero sí considera que “debería ser una obligación de todas las bancadas (revisar esos proyectos) porque lo más probable es que van a ser debatidos en el Pleno”. López Ureña, en tanto, coincide en que debe haber una evaluación “en todos los aspectos” de esas iniciativas.
Ilich López y Luis Aragón, integrantes de la bancada de Acción Popular. Foto: Congreso/Twitter de Aragón
Otra agrupación que secundó la cuarta legislatura fue Alianza para el Progreso, de César Acuña. Su actual vocero, Eduardo Salhuana, indicó que lo acordado entonces por el Pleno “respondía a una coyuntura del momento”, que fue “una decisión, a la luz de lo decretado por el TC, no ajustada a la carta política” y que “para eso está el Tribunal Constitucional: para poner las cosas en su sitio”.
“Me parece saludable que el sistema funcione, que los congresistas podamos tener iniciativas, pero todo está bajo la revisión y la mira del TC. Todo es revisable en esta instancia. Cualquier autoridad o entidad no tiene la última palabra al respecto y eso es bueno para la democracia”, dijo a esta redacción.
En tanto, su compañera de APP Heidy Juárez sostuvo que, a su modo de ver, “las tres reformas (declaradas inconstitucionales) son importantes en el marco de la lucha contra la corrupción y la protección del patrimonio de la nación”.
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“Mi posición personal —que espero comparta la bancada— es que se debe retomar el proceso y avanzar hacia la segunda votación en esta legislatura para consolidar las reformas. Eso va a depender de lo que se acuerde. Espero que en los próximos días tengamos un panorama mucho claro sobre la sentencia y sus repercusiones”, comentó.
Heidy Juárez y Eduardo Salhuana, miembros de la bancada de APP. Foto: composición/difusión