Arequipa: la salida legal de “Los hijos del Cóndor” en el caso Sol Radiante

Los “hijos del Condor”, la presunta red criminal, liderada por el gobernador Elmer Cáceres Llica, se habría cubierto “legalmente” las espaldas en el caso “Sol Radiante”.

Esta es una asociación de productores asentada en El Pedregal (sector los Molles), cuyo terreno de 241.99 hectáreas les fue cedido en uso por Autodema el 18 de marzo de este año. Ello se viabilizó, mediante la Resolución de Gerencia Ejecutiva 074-2021. El documento fue firmado por el gerente de la entidad Napoleón Ocsa, sindicado como parte de la presunta organización criminal.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, estos predios fueron usados, en parte, como dádiva a favor de funcionarios y consejeros “aliados” de la gestión del gobernador, así como a trabajadores de Autodema. Estos accedieron a lotes valorizados hasta en US$ 1 millón a través de testaferros.

Tras la emisión de la Resolución mencionada, la posesión se consolidó. La República, accedió a imágenes tomadas días atrás, donde se observa que los “socios” de “Sol Radiante”, cercan los terrenos, en algunos casos con material noble.

Empero, el asentamiento de los socios no es legal. El 09 de julio de 2021, el propio Ocsa emite la resolución 168-2021-GRA/PEMS-GE, donde declara la extinción de la cesión en uso a la asociación. En el documento, se pide a los representantes de Sol Radiante que devuelva el predio concedido.

¿Qué pasó? De acuerdo al documento, la Oficina de Asesoría Jurídica a cargo de Augusto Palaco, actualmente con detención preliminar por presuntamente integrar la red criminal, emitió un informe bajándole el dedo a la cesión de los terrenos. Se argumentó que la asociación no cumplía el fin para el cual fue creada.

“Sol radiante” nació con la idea de captar y fomentar la labor de microempresarios en la producción de vestido, calzado, juguetes y cultivo hidropónico, bajo la atingencia de concretar el proyecto, “Sin fines de lucro”. En ese contexto, cuatro meses después de dada la cesión en uso, se advierte que la actividad sí tenía fines de lucro. Además se señala que se pretende generar espacios para vivienda familiar lo que desnaturaliza el propósito del proyecto.

El 25 de agosto, la asociación representada por Rocío del Carmen Murillo Chire, también investigada por este caso, presentó un recurso de reconsideración a Autodema. Sin embargo, el 10 de setiembre último, esta fue declarada infundada.

Pese a ello, la posesión se consolidó. Al no contar con el aval legal, la asociación en la práctica se habría convertido en una invasión.

Cabe señalar, que en los audios que forman parte de la carpeta fiscal de los “Hijos del cóndor”, el gerente de desarrollo económico de Majes Siguas, Richard Calvo, a cargo de la entrega de terrenos a los consejeros y funcionarios en esta asociación, señaló que los beneficiarios debían pagar S/ 500 para el trámite de una minuta de compra-venta con la familia Vásquez Murillo, aparentemente propietarios de parte del predio otorgado. El documento, era para darle seguridad a la posesión del predio y “judicializar la propiedad” en caso se reviertan los terrenos.

A ello se suma, que en las escuchas grabadas por la agente Samanta Miranda, es el propio Cáceres que un día irrumpe en la oficina de Ocsa exigiendo que anule la concesión de terrenos. “Sol radiante, no va, no va”, es la orden, que se dio de forma abrupta.

Porque la nulidad

Esta podría ser una estrategia diseñada para que Cáceres y sus funcionarios cercanos, entre ellos Ocsa, no asuman responsabilidades en este caso. Anulada la resolución, se deja sin efecto el derecho de ocupación y hay una recuperación de hecho, por lo que legalmente no se favoreció a nadie (consejeros y funcionarios). Sin embargo, en la práctica ello no ocurrió, los socios sí se asentaron. “Lo que habría correspondido si en efecto se quería recuperar el terreno, es disponer que la Procuraduría intervenga y lo haga, pero ello no se hizo”, explica un experto consultado por este diario.

Ocsa deslinda responsabilidad

La nulidad de la resolución que da en cesión en uso los terrenos de Majes para la asociación “Sol radiante”, podría librar de responsabilidad administrativa y penal al gerente de Autodema, Napoléón Ocsa.

Al menos, ese es parte del argumento que el funcionario utilizó para evadir responsabilidad en este caso, durante la declaración que brindó a la Policía Anticorrupción y durante la audiencia de apelación de la detención preliminar.

“La fiscalía no ha evaluado los actos posteriores a la resolución de cesión de uso. Al haberse anulado, legalmente no se cedieron terrenos a nadie, entre ellos a consejeros, funcionarios, por lo que la acusación que le hace la Fiscalía queda sin argumento”, refiere el abogado de Ocsa, Saúl Mendoza.