Tribunal decidirá permanencia del juez Richard Concepción en el caso Interoceánica

Por Alonso Collantes

La Segunda Sala de Apelaciones de Crimen Organizado debe evaluar si el juez Richard Concepción Carhuancho seguirá dirigiendo o no el caso Interoceánica Sur (Odebrecht) en el que están involucrados el expresidente Alejandro Toledo y otros acusados.

El pedido que busca apartarlo del caso llegó el jueves de la semana pasada por parte de la defensa del empresario José Castillo Dibós, exdirectivo de ICCGSA. A través de una recusación planteó que habría parcialidad en el magistrado puesto que hace unos días se pronunció sobre otro acusado, Avraham Dan On, dictándole prisión preventiva.

Castillo resaltó que Carhuancho debía retirarse del expediente y ser reemplazado por otro juez porque resolvió la prisión preventiva antes de que se convocara la audiencia de control de acusación (fase previa al juicio oral): y también por pronunciarse sobre hechos importantes relacionados al delito de colusión que alcanza a la mayoría de los acusados, incluyendo al exmandatario Toledo.

Concepción Carhuancho, no obstante, rechazó estos argumentos y sostuvo que revisar medidas cautelares como comparecencia restringida o prisiones preventivas durante el transcurso de un caso no es un impedimento legal; además de que valorar elementos para dictar una prision preventiva tampoco implican un adelanto de opinión.

“Cuando se analiza y se decide una medida cautelar, como sería el caso del auto de prisión preventiva sub materia, la misma no constituye un adelanto de criterio sobre lo que deba resolverse en la etapa intermedia”, indicó el magistrado, quien agregó que cuando resolvió la prisión para Dan On, no se pronunció sobre Castillo Dibós por lo que no había razones para apartarse.

Tras ello, el juez que dirige el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria informó que sería en segunda instancia donde se definiría completamente si continúa o no en el caso Interoceánica Sur.

Caso en parálisis

La acusación formulada por el fiscal José Domingo Pérez desde agosto de 2020 se encuentra sin posibilidades de avanzar, por el momento, debido al recurso de José Castillo Dibós así como por la falta de una resolución de segunda instancia que aclare la situación de cuatro empresas: Graña y Montero, JJC Contratistas, ICCGSA y GyM.

Por estos motivos Concepción Carhuancho decidió suspender esta etapa previa al juicio oral contra los acusados hasta que se resuelvan en segunda instancia su posible separación del caso y el tema de ‘las empresas “para evitar nulidades posteriores y tener después ‘limpieza procesal’”.

La Fiscalía pidió 20 años y medio de cárcel contra el expresidente Toledo por haber cometido los delitos de colusión y lavado de activos. Al exmandatario se le imputó haber pactado irregularmente con la constructora brasileña Odebrecht para que gane el concurso sobre la vía IIRSA Sur y recibir, a cambio de ello US$35 millones, aproximadamente.

Asimismo, para los exdirectivos de GyM, José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, se pidieron 20 años y medio, y 11 años y seis meses de prisión, respectivamente.

El empresario Gonzalo Ferraro Rey y los exejecutivos de JJ Camet, Fernando Camet Piccone; y de ICCGSA, José Castillo Dibós, todos exsocios de Odebrecht cuando conformaron el consorcio para ganar la licitación de la Interoceánica Sur, podrían pasar también varios años en prisión.