Eduardo Salhuana, congresista de Alianza para el Progreso y miembro de la Comisión de Constitución, señaló, a título personal, que es momento de concluir el debate de la cuestión de confianza, ya que existe un “escenario político distinto”. Esto luego que se aprobara el dictamen de insistencia de la ley de interpretación de cuestión de confianza que permitirá que sea debatido en el Pleno para su aprobación y posterior promulgación.
“Yo personalmente voy a plantear (no respaldar el dictamen). Hemos estado de acuerdo con regular la cuestión de confianza, pero hay un escenario político distinto, el presidente ha entendido que tenía que rectificar. Ha variado su gabinete. La presidenta Mirtha Vásquez tiene otro discurso, más dialogante, creo que es momento de cerrar este tema definitivamente y mirar para adelante, eso lo voy a proponer a la bancada y si se acuerda esa será la posición de APP”, precisó en Exitosa.
Al ser consultado sobre si buscarían actuar como mediadores entre las posiciones del Congreso sobre la cuestión de confianza, el parlamentario indicó que “ese es el rol que compete a Alianza para el Progreso como partido de centro”. Asimismo, informó que la posición de APP sobre la ley de interpretación de cuestión de confianza será evaluada esta tarde en una reunión virtual.
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Con 11 votos a favor, uno en contra y una abstención, la Comisión de Constitución aprobó el dictamen de insistencia para la promulgación de la ley sobre la cuestión de confianza, norma que fue observada por el Ejecutivo al considerar que afecta el equilibro de poderes.
El dato. Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, presentó el predictamen que recomienda la insistencia en los mismos términos aprobados por el Pleno del Congreso el 16 de setiembre. Foto: Congreso
La propuesta precisa que la cuestión de confianza puede ser usada por el Ejecutivo solo en materias de su competencia, “no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso”.