Contralor y defensor del pueblo sustentarán proyectos sobre requisitos para funcionarios

El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, y el contralor general de la República, Nelson Shack, sustentarán este martes 28 de setiembre los proyectos de ley que sus respectivos despachos presentaron ante el Congreso, con el fin de extender los requerimientos para que un ciudadano o ciudadana pueda ser nombrado en un cargo de ministro o alto funcionario.

En la fecha señalada, a las 3 p. m., ambos se presentarán ante la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Parlamento.

Entre los requisitos planteados por Walter Gutiérrez está que los candidatos para altos cargos del Estado no cuenten con sentencia condenatoria emitida en primera instancia, ni con acusaciones fiscales por crímenes de lesa humanidad. También pide que no presenten acusación fiscal relacionada con crímenes de lesa humanidad o contra la integridad territorial, ni con actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

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Sobre su proyecto de ley, Walter Gutiérrez aseveró que este no implicaba cambios en la Constitución: “Hay que tener presente que toda norma es una norma de desarrollo constitucional. El vértice de todo sistema jurídico es la Constitución, y de ahí para abajo, las normas infraconstitucionales, las normas infralegales, las normas reglamentarias... Todas son una lectura y una aplicación de la Constitución”, expresó en el Parlamento al presentar su propuesta.

Por su parte, la Contraloría de la República, a través de Nelson Shack, entregó un proyecto de ley que busca que los candidatos a ministros deban tener educación superior completa y diez años de experiencia laboral, mientras que un titular del pliego distinto a los ministerios también deberían tener el mismo nivel académico más ocho años de trayectoria.

La comisión parlamentaria que preside Norma Yarrow (Avanza País) ha invitado también a esta sesión al expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola para que opine sobre la constitucionalidad de las propuestas que sobre estos temas han planteado la Defensoría y la Contraloría.