En Junín, fiscal acusa a Vladimir Cerrón por malversación de fondos

El juez Guido Arroyo Ames, del sexto juzgado de investigación preparatoria de Huancayo, definirá el 10 de setiembre próximo si el exgobernador de Huancayo y líder del gobernante partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, todavía puede ser juzgado por una presunta malversación de fondos que ocurrió en enero del 2012 en el gobierno regional de Junín.

La fiscal Bonnie Bautista sustentó que Cerrón y otros siete exfuncionarios del gobierno regional de Huancayo reciban una sanción penal de dos años y siete meses de prisión por la presunta malversación de fondos de un presupuesto destinado a la reforestación del Valle del Mantaro.

El proyecto que se venía ejecutando desde el 2009 tenía un presupuesto total de 29 millones de soles, pero el 2012 el gobierno regional decide que ya no continúe y destina los fondos restantes por dos millones 288.000 soles para financiar otras nueve obras en Huancayo, como la construcción del Puente Comuneros y un proyecto de salud comunitaria.

En la audiencia pública realizada por el juzgado, la fiscal aseguró que probará que la cancelación del proyecto fue irregular, que los fondos disponibles se empezaron a utilizar antes del cierre administrativo del plan de reforestación y que se causó un grave daño a Huancayo.

Por su parte, la defensa de Cerrón, a cargo del abogado Luis Mayhua, sustentó que, de acuerdo con las normas procesales, los cargos habían prescrito por el paso del tiempo.

De acuerdo con la norma, el delito de malversación de fondos prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena (4 años) o, de manera excepcional, al agregarle una mitad del tiempo, en total seis años.

Precisó que si los hechos ocurrieron el 2012, han prescrito, al haber transcurrido más de nueve años. En tanto que si se toma otra norma que interrumpe la prescripción cuando se inicia la investigación fiscal, el 2017, ocurre lo mismo pues en este caso dicho plazo es de solo cuatro años.

Adicionalmente, Mayhua y los abogados de los otros acusados señalaron que no hay delito pues la ley de presupuesto sí faculta a la administración pública a cerrar un proyecto y utilizar los fondos restantes para otras obras, que es lo que había ocurrido en Huancayo el 2012.

Mayhua enfatizó que puede probar que se decidió cancelar el proyecto de reforestación porque ya no era factible su continuidad y era un derroche de recursos públicos, por lo que en uso de sus atribuciones legales se decidió cancelarlo y utilizar esos fondos en obras de mayor provecho para la comunidad de Huancayo.

En tanto, el abogado del exgerente general Henry López, Ciro Cancho, explicó que la malversación de fondos es un delito de resultados, que se produce cuando el desvío de los fondos no permite continuar un proyecto o dar un servicio, por lo que si este se canceló, ya no hubo perjuicio.

Igualmente, cuestionó que la Fiscalía atribuya a todos los funcionarios ser autores del delito pese a que cumplían diferentes funciones y que, en todo caso, deben responder los que estaban directamente a cargo del proyecto de reforestación.

Luego de escuchar, el juez anunció que el 10 de setiembre anunciará si acoge el pedido de prescripción o continuará adelante con el juicio.

Reparación civil

La Fiscalía solicitó que Vladimir Cerrón y los otros acusados paguen una reparación civil de 100 mil soles por el delito de malversación de fondos.

Junto a Cerrón, también está acusados Ofelia Ríos Pacheco, Estela Baldeón Hormaza, Julio Matos Gilvonio, William Acosta Laymito, Ulises Panez, Rocío Bonifacio Aliaga y Henry López Cantorín.

El pedido de prescripción favorece a todos los procesados.

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