Marianella Ledesma, actual presidenta del Tribunal Constitucional, instó al Congreso a avanzar hacia una norma que declare la obligatoriedad de reducción del salario para todos los altos funcionarios de las entidades públicas dado el contexto del estado de emergencia por la COVID-19.
Según explicó, el Legislativo está en la facultad de agendar un proyecto para integrar a las instituciones estatales y plantear lo dicho frente a la coyuntura que afronta el país.
“El Congreso tiene toda la posibilidad de crear una norma de regla general para aplicar este descuento a todo el sector público con determinados ingresos. Lo tiene en su posibilidad y diría que podría ser un tema de agenda”, comentó en RPP.
Asimismo, la magistrada resaltó la importancia de que su instauración sea obligatoria. Esto debido a que dejar libremente y a facultad de los funcionarios dicha disposición no garantiza un verdadero compromiso, así como tampoco una participación adecuada.
Puso de ejemplo el caso de la institución que preside, donde, incluida ella, solo tres magistrados habían aceptado una reducción del 20% de sus sueldos.
“Una norma de carácter general obligatorio porque en eso de lo facultativo realmente vemos que somos pocas las personas que queremos, de forma facultativa, dar ese apoyo solidario. Esto es transitorio, el Gobierno ha dicho tres meses, el Congreso podría de repente decir más o menos”, señaló Ledesma.
En esa línea, además de Ledesma, los magistrados Augusto Ferrero Costa y José Luis Sardón de Taboada donarán el 20% de sus remuneraciones como funcionarios de Estado a una asociación benéfica.
“Hemos coincidido en otorgar esta reducción a favor de una asociación benéfica que se llama Médicos Solidarios y que trabajan en el Hospital Cayetano Heredia”, sostuvo la titular del TC.
Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.