Casos de Martín Vizcarra: hospital regional, Chinchero y Richard Swing

Formalmente, el presidente Martín Vizcarra solo está implicado en una investigación fiscal por presuntos favorecimientos a contratistas para la construcción del Hospital de Moquegua, trámite que se realizará cuando finalice su gestión como presidente de la República. Los temas pendientes de procesar son los referentes al caso Chinchero y los audios que implican a Richard Cisneros y sus exasesoras.

Por el momento, el único caso concreto es el de Moquegua, donde el presidente Martín Vizcarra será investigado por presuntos favorecimientos a contratistas para la construcción del Hospital de Moquegua, en el que también está implicado el exministro de Transportes Edmer Trujillo.

La investigación es por presunto delito de negociación incompatible al finalizar su gestión como presidente regional de Moquegua. El caso está en manos de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua. En ese caso, un informe de la Contraloría General consideró que hay responsabilidad administrativa, penal y civil en 14 funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua por la construcción del hospital regional durante la gestión del 2011-2014 de Vizcarra.

Pese a que se quiso investigar desde el 2016, no se contaba con toda la información y no hubo la posibilidad de presentar pericias, lo que Contraloría consideró como sumamente grave “porque este documento se convierte en una prueba preconstituida”, señaló el procurador Amado Enco.

Los casos pendientes son los referidos al del aeropuerto de Chinchero y a los audios que implican a Richard Cisneros, Mirian Morales y Karem Roca, que vienen siendo tratados en el Congreso, pero que también han sido aperturados por la Fiscalía, aunque aún no hay una acusación directa contra el primer mandatario.

Nudos por desatar

En el caso de Chinchero, Vizcarra no ha sido excluido de la investigación sobre negociación incompatible. Según Amado Enco, la fiscal Zoila Sueno Chirinos, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, habría encontrado responsabilidad en el presidente por el caso Chinchero. Añadió que, después de una investigación de dos años, el Ministerio Público halló nuevos elementos que podrían implicar al mandatario y reabrir el caso que fue archivado de manera provisional en marzo del 2018.

El caso más reciente, y que está en proceso de investigación pero aún no está formalizado, es el relacionado a Richard “Swing” Cisneros. Por el momento, la Fiscalía Anticorrupción solicitó los audios donde el presidente Martín Vizcarra pedía a las asesoras Mirian Morales y Karem Roca tener una versión única en sus declaraciones ante la comisión investigadora del Congreso en torno a las visitas de Cisneros, quien consiguió contratos por charlas motivacionales vía streaming, que serían irregulares.

Por este caso, el presidente Vizcarra fue denunciado penalmente ante la Fiscalía de la Nación por el abogado Carlos Huerta Escate por los presuntos delitos de falsedad, aprovechamiento de cargo público, encubrimiento y otros. La citada fiscal dispuso emitir y elevar el informe respectivo a la Fiscalía de la Nación sobre presuntos hechos que revisten con connotación penal referidos a altos funcionarios públicos, debido a que no tiene la competencia para investigar a altos funcionarios, de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Hasta el momento, el único caso que está en el Ministerio Público es el de los hospitales de Moquegua, el resto está en proceso y solo se verá cuando acabe la gestión del presidente Vizcarra.

Quisieron proteger a presidentes

El exprocurador Antonio Maldonado consideró que las denuncias contra el presidente Vizcarra tienen que verse después de que concluya su mandato, debido a que la misma Constitución del fujimorato lo decidió así, estableciendo pautas para proteger la figura presidencial. “Quisieron proteger a Fujimori y terminaron protegiendo a todos”, señaló.

Para el constitucionalista Raúl Ferrero, las acusaciones contra Vizcarra no tienen argumentos para una denuncia formal y, por tanto, no justifican un pedido de vacancia, como se planteó en el Congreso.

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