La odisea para designar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional
Desde la creación del Tribunal Constitucional, el Congreso de la República no ha cumplido con los plazos para nombrar a sus miembros. Los cuestionamientos en el proceso de designación provocaron el inicio de la disolución del Parlamento en el 2019.
Hace un año y nueve meses, el entonces presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, envió un oficio al Congreso para que procedieran con la elección de nuevos magistrados, ya que seis de los siete designados estaban a poco más de seis meses de finalizar su mandato.
En ese momento, noviembre de 2018, el titular del Parlamento era Daniel Salaverry. Diez días más tarde de la encargatura, se aprobó la conformación de una Comisión Especial que eligiría a los miembros del TC, pero esta no fue oficializada sino tiempo después.
Inconvenientes con la comisión
Dicha comisión tuvo varios problemas desde antes de ser instaurada. A fines de abril de 2019, entró en debate el Proyecto de Ley 4253, que buscaba modificar la Ley Orgánica del TC para que el grupo de trabajo aplicara “principio de proporcionalidad y pluralidad”.
Esto ocurrió debido a que existen 10 bancadas y la comisión solo puede ser conformada por siete o nueve parlamentarios. Tras una deliberación en sesión del Pleno del 2 de mayo, los propios congresistas descartaron la medida.
Ese mismo mes venció el plazo de cinco años en funciones de Marianella Ledesma, Ernesto Blume, Eloy Espinosa-Saldaña, José Luis Sardón, Carlos Ramos y Manuel Miranda. Aún así, la comisión especial no fue establecida.
Siguió avanzando el tiempo y en el mes de junio también venció el plazo para designar a la Mesa Directiva que tendría la labor de buscar a los candidatos del TC. Recién el 9 setiembre de 2019, a cuatro meses de caducar el encargo de los magistrados, la Junta de Portavoces conformó la comisión.
Sin embargo, en esta ocasión también hubo disconformidad, ya que dos de los nueve integrantes pertenecían al partido Fuerza Popular, hecho que dejó sin un puesto a representantes de Unidos por la República y la Bancada Liberal.
Proceso ’express’ de selección de magistrados en Congreso disuelto
Hasta esa fecha, existían dos formas de escogerse a los integrantes del máximo órgano constitucional del país: el meritocrático y por invitación. La comisión decidió que la lista de candidatos se fijaría bajo el segundo término y, tras una corta sesión, nombraron a los postulantes a tribunos.
Ante este hecho, el presidente Martín Vizcarra dio un mensaje a la nación en 27 de setiembre en el que anunció la presentación del proyecto de ley 4847 para modificar el proceso de selección de magistrados del TC.
Tres días más tarde, el primer ministro Salvador Del Solar se presentó al Congreso para solicitar el voto de confianza, pero le fue negado. Es decir, los parlamentarios no aceptaron que la elección sea por concurso público, sino “a dedo” como había sido en los últimos años.
Incluso, debatieron y escogieron al primer integrante del tribunal y, valgan las coincidencias, se trataba de Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo del entonces presidente del Parlamento, Pedro Olaechea. Esta decisión ocasionó que el mandatario disolviera el Congreso de la República y, con ello, quedó suspendido el tema del TC.
Nuevo congreso, nueva comisión
Transcurrieron los meses y a fines de abril de 2020, con un nuevo Congreso ya instalado, el legislador Daniel Urresti envió un oficio a Manuel Merino, presidente del Parlamento, para que conformara la comisión.
El 22 de mayo, durante el Pleno, con 128 votos a favor, se rechazó la elección de Ortiz de Zevallos. Este personaje no llegó a ejercer, ya que el Tribunal Constitucional no aprobó su ingreso por considerar que su proceso todavía estaba pendiente. Además, en la sesión se dejó sin efecto la lista presentada por la comisión especial del Parlamento disuelto.
La Comisión de Constitución aprobó, en junio, el dictamen que fija los criterios de meritocracia y transparencia para la elaboración del listado de candidatos a tribunos. Un mes más tarde, el Pleno autorizó esta norma, con la completa oposición del fujimorismo.
El 31 de julio del 2020 el Pleno nombró a los miembros de la comisión, integrada por María Retamozo (Frepap), Diethell Columbus (Fuerza Popular), José Vega Antonio (Unión Por el Perú), José Luna Morales (Podemos Perú), Rolando Ruiz (Acción Popular), Tania Rodas (Alianza Para el Progreso), Jorge Pérez (Somos Perú), Gino Costa (Partido Morado) y Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio). Estos tienen la misión de elaborar el reglamento para el concurso.
Nuevos problemas con la comisión especial
Al igual que en la comisión formada por el Congreso disuelto, los problemas no se hicieron esperar. La primera sesión del grupo se suspendió tras no llegar a un acuerdo acerca de la conformación de la Mesa Directiva.
El 24 de agosto, Rocío Silva Santisteban y José Luna presentaron listas para asignar cargos de presidente, vicepresidente y secretario. En ambas se incluyó a Ruíz y Rodas, hecho que alertó a los demás congresistas.
Finalmente, se escogió a la lista dos, por lo que la presidencia de la comisión quedó a cargo de Rolando Ruíz; como vicepresidente, José Vega; y Tania Rodas asumió la secretaría técnica.
Al día siguiente, dejarían de celebrar esta victoria. En la sesión del pleno, el Frepap, a través de la congresista María Teresa Céspedes, solicitó la nulidad de la Mesa Directiva por una “jugada” en su elección.
Hasta el momento, este hecho no ha sido debatido, pese a que la comisión reiteró que no avala al actual TC porque, asegura, los magistrados actúan de acuerdo con el Ejecutivo.
Un historial de retrasos en elecciones del TC
Pese a que los plazos para organizar la elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional se dan con seis meses de antelación, la historia de este órgano confirma que nunca se realizaron procesos en el tiempo correspondiente. Esto ocasionó que algunos magistrados permanecieran en su puesto hasta por más de cinco años.
Juan Vergara Gotelli, quien fue presidente del TC, asumió el cargo en 2004. Aunque el mandato era por cinco años, cumplió funciones hasta el 2014, es decir, cinco más de lo establecido.
Otro tribuno que pasó por la misma situación fue Carlos Mesía Ramírez, quien estuvo tres años más, con un periodo de trabajo de 2006 a 2014. Asimismo, Delia Revoredo y Ricardo Beaumont se cansaron de esperar sus reemplazos y renunciaron a sus cargos en 2005 y 2013, respectivamente.
No obstante, estos dos casos mencionados fueron la excepción de la Ley Orgánica del TC, la misma que señala que los magistrados no pueden renunciar ni abandonar su puesto hasta que el Congreso confirme a su reemplazo.
Respecto a este punto en específico, Óscar Urviola, ex titular del órgano, señaló en diálogo con La Repúlica que la continuidad en el cargo es un mecanismo que garantiza la permanencia del TC. “Es un sistema de seguridad que garantiza que en ningún momento y por ninguna razón, el sistema de control constitucional puede quedar inoperativo. Ese es el sentido del artículo 10 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional”, subrayó.
Por su parte, el también expresidente del TC, Carlos Mesía, apuntó que ahora “los magistrados también podrían renunciar y entonces obligar al Congreso a elegir lo más rápido posible porque el país no se puede quedar sin justicia constitucional”.
Concurso público o invitación
La controversia ocurrida sobre la modalidad de selección a los miembros del TC ocasionó el cierre del anterior Parlamento. Mesía Ramírez manifestó que la ley ha sido modificada tal como el presidente Martín Vizcarra lo pidió y que ahora serán escogidos por concurso público de méritos, aunque, para él, ambas fórmulas han funcionando de manera óptima.
“Las dos modalidades a mí me parecen buenas. Los magistrados que actualmente están en el Tribunal fueron elegidos por invitación, no por selección, y no creo que esté funcionando mal. Está funcionando bien. Entonces, la elección por invitación también era una forma válida de elección”, acotó.
Para Urviola Hani, el concurso es imprescindible para conocer la carrera del candidato a tribuno y que, por tanto, no debería causar incomodidades.
“El concurso, cuando tiene por objeto comprobar las calidades académicas, profesionales y, sobre todo, de trayectoria impecable, no tiene porqué espantar a nadie. Muchos decían ‘es mejor la invitación porque todo este proceso es un maltrato’, bueno, yo creo que quien tiene una trayectoria limpia y nada que esconder, no tiene porqué temerle a una exposición pública”, subrayó el último miembro elegido por meritocracia en 2010.
Carlos Mesía expresó también que existiría tácitamente un ’doble filo’ en la aprobación de dicha norma, ya que “la selección es meritocrática, pero la decisión es política”. Al respecto, Óscar Urviola coincidió que “en el Pleno la decisión es eminentemente política y es obvio que ahí siempre va a haber una decisión en función a las tendencias que se pueden dar en el Congreso”.
Elección transparente
Los cuestionamientos a la actual Mesa Directiva han ocasionado que no se considere la posibilidad de una elección transparente. El actuar de la comisión especial, señaló Urviola, supone que es mejor esperar al próximo Parlamento para la elección del TC.
“Es un Congreso de corto plazo, transitorio y para completar el periodo constitucional 2016-2021. Creo que mejor sería que un Congreso con una visión de largo plazo, que corresponda a un periodo constitucional de cinco años, podría hacerlo con mayor acierto y garantía”, dijo.
Para Mesía, el óptimo desarrollo de la elección se verá cuando se esté realizando el proceso. “Eso lo va a decir el propio concurso. La ley, por lo menos, ha sido dictada como la quiere el presidente Vizcarra. Entonces, entiendo que la ley garantiza la transparencia, porque va a haber periodo de tachas, escrutinio, la gente tiene que pasar por un examen”, manifestó.
Mencionó, además, que la decisión deberá ser aceptada por darse bajo los términos que requiere el Ejecutivo. “Lo democrático va a ser que ganen los mejores y que todos acepten que ganaron los mejores”, puntualizó.
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