Comisión de Ética indaga a 23 congresistas que cobraron gastos de instalación

La Comisión de Ética aprobó este jueves iniciar las investigaciones contra los 23 parlamentarios de Lima y Callao que cobraron gastos de instalación, equivalente a 15.600 soles, a pesar de que residen en la misma ciudad en la que está ubicado el Palacio Legislativo.

Entre los congresistas involucrados están Martha Chávez, Carlos Mesía y Valeria Valer, de Fuerza Popular; María Cabrera y Cecilia García; de Podemos Perú, Mónica Saavedra y Paul García, de Acción Popular; Omar Chehade y Carmen Omonte, de Alianza para el Progreso; Rocío Silva Santisteban y Enrique Fernández, de Frente Amplio; entre otros.

A pesar de que la Mesa Directiva dispuso el pago de este dinero, en cumplimiento del Reglamento del Congreso, se conoció que la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento emitió un informe en el que señala que los integrantes de la representación nacional no pueden donar los 15.600 y que solo están destinados a la subvención de los “gastos por cambio de colocación”.

Otro punto aprobado por Ética es la indagación sobre 10 casos de presuntas inconductas que involucran a congresistas de diferentes bancadas. Entre ellos, Rubén Pantoja, de Unión por el Perú; Juan de Dios Huamán, de Frepap; y Matilde Ferndández; de Somos Perú, quienes fueron cuestionados por el uso de vuelos humanitarios al Cusco que estaban destinados para ciudadanos varados en Lima durante el estado de emergencia por el coronavirus.

Además, este grupo de trabajo también abordará la denuncia contra Norma Alencastre, de Somos Perú, quien fue cuestionada por atender en una de sus farmacias durante la emergencia.

Otro de los congresistas implicados es Marco Verde, de Alianza para el Progreso, quien fue grabado bebiendo licor durando la cuarentena obligatoria. Asimismo, José Luna, de Podemos Perú, quien fue criticado debido a que su empresa habría retenido aportes a las AFP y ONP de sus trabajadores.

Las denuncias más recientes, que vinculan a César Combina, de Alianza para el Progreso, por el reparto de mascarillas con su nombre; y Rosario Paredes, de Acción Popular, quien habría recortado el sueldo de una de sus trabajadoras; también serán investigadas.

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