AP presenta declaración de intereses tras casi 3 meses de asumir funciones

Luego de casi 3 meses de asumir sus funciones en el Congreso, los parlamentarios de Acción Popular (AP) presentaron su declaración jurada de intereses a la Controlaría General de la República.

Así lo anunció este lunes, Manuel Merino de Lama, presidente del Parlamento, durante una conferencia de prensa convocada por la banca de Acción Popular.

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“Hoy presentamos la declaración jurada de intereses en el marco estricto de lo que corresponde como organización constitucional a la Contraloría, proyecto impulsado por la bancada a través de su correligionario Ricardo Burga y que por los tiempos no se ha hecho en el debido momento", sostuvo.

En efecto, Merino consideró que “en buena hora” el Congreso decidió que la declaración jurada de intereses vaya a la Contraloría, ya que, según dijo, es “el único organismo de fiscalización y control que actúa de manera independiente".

“La Declaración Jurada de Bienes y Rentas de los 130 congresista están en custodia de la Contraloría, ahí se van también la Declaración Jurada de Intereses porque así lo consideró la modificación aprobada por el Parlamento”, expresó.

De igual manera, aseguró que “en ningún momento” los miembros de su bancada negaron la entrega de su declaración jurada de intereses y que, por el contrario, Acción Popular reafirma su compromiso con "la lucha frontal contra la corrupción”.

“En ningún momento Acción Popular se ha rehusado a hacer su declaración jurada de intereses […] Quienes tenemos que dar el primer ejemplo somos los parlamentarios de este grupo político”, aseveró.

Cabe recordar que el Consejo Directivo del Congreso, por medio de la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces, decidió que sus 130 integrantes presenten su declaración jurada de intereses a la Contraloría y no dentro de la plataforma única del Estado.

Es importante precisar que el actual Decreto de Urgencia 020-2019, promulgado por el Poder Ejecutivo, sostiene la necesidad de que los funcionarios públicos estén obligados a presentar su declaración de intereses ante la PCM dentro del plazo de 15 días calendario de haber sido nombrados, designados, electos o contratados.

La propuesta de Acción Popular, por su parte, señala que el procedimiento de fiscalización de la declaración jurada, en relación con los intereses de los obligados, tendrá por objeto determinar si los intereses declarados por el funcionario son compatibles con el ejercicio de sus funciones.

Además, indica que el incumplimiento o la omisión de la declaración jurada de intereses por parte del funcionario, constituye una infracción administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.

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