Tribunal valoró motines en penales y riesgo de COVID-19 para liberar a Villarán

El Poder Judicial ha resuelto este jueves sustituir la prisión preventiva de la exalcaldesa Susana Villarán por otra medida menos grave: el arresto domiciliario, también por el plazo de 24 meses.

Además del riesgo que posee la investigada de contraer el COVID-19, la Sala de Apelaciones Anticorrupción valoró la actual situación que viven las cárceles en todo el Perú por el avance de la pandemia.

En uno de los fundamentos de la resolución, los jueces superiores Ramiro Salinas, Guillermo Piscoya y Enríquez Summerinde, se refirieron a los motines que tuvieron lugar en los penales Miguel Castro Castro y de San Juan de Lurigancho, donde los reos exigieron en los últimos días “atención médica y pruebas respecto de la referida pandemia”.

Con el mismo énfasis, los magistrados citaron además la respuesta de la directora del penal Anexo Mujeres de Chorrillos, Margor Rojas Benavides: “no se puede evitar que la interna Villarán de la Puente se contagie de COVID-19 por ser una pandemia a nivel mundial”.

Ambos elementos, en suma, determinarron también que la Sala de jueces superiores optara por sustituir la prisión por el arresto domiciliario. Aunado a esta decisión, el Poder Judicial dictó también restricciones como el pago se una caución de S/20 mil al Estado, incomunicación con los testigos del caso Lava Jato, no declarar a la prensa, entre otros.

Sustituciones

En las últimas semanas, el caso Lava Jato ha tenido una constante reactivación y presencia por distintas apelaciones de investigados.

Los jueces María Álvarez Camacho y Jorge Chávez Tamariz, asi como en el caso de Susana Villarán, han rechazado los recursos de cese de prisiones preventivas. No obstante, han optado por sustituir esta medida por el arresto domiciliarioo.

Bajo estas resoluciones, tambien han logrado alcanzar arresto domiciliario el exárbitro Luis Pardo Narváez y el procesado en el caso Cuellos Blancos Jacinto Salinas Bedón.

OAS y Odebrecht

Villarán de la Puente es investigada por los supuestos ilícitos de organización criminal, lavado de activos y cohecho pasivo.

La tesis que manejó el fiscal Carlos Puma Quispe, del Equipo Especial Lava Jato, fue que la exfuncionaria recibió alrededor de US$10 millones de Odebrecht y OAS en su gestión edil en Lima Metropolitana a cambio de obras.