Compras sobrevaloradas de alimentos en el Callao y La Perla

Cinco regidores de la Municipalidad Provincial del Callao cuestionaron la compra que hizo la alcaldía de casi 1 millón de soles en comestibles para distribuir a las familias más afectadas por la cuarentena. Según la información que recogieron, el municipio chalaco pagó un mayor precio por productos de baja calidad a la empresa Green Land Group.

Los concejales Juan Alvarado Gallardo, Cristina López Pallardel, Carlos Yataco Ramos, Karina de Montreuil Meza y Carlos García Bustamante acreditaron documentalmente que la empresa mayorista Makro del Callao ofrece los alimentos a montos mucho más bajos respecto a la adquisición que han efectuado los funcionarios ediles del municipio provincial chalaco.

Ante las evidencias entregadas por los regidores municipales chalacos, el fiscal especializado en Corrupción de Funcionarios del Callao, Francisco Alarcon Solís, resolvió iniciar indagaciones y ha requerido al despacho del alcalde Pedro López Barrios la documentación técnica que sustenta la adquisición a la proveedora Green Land Group.

A un costo de 999 mil 891 soles, la compañía se comprometió entregar en un plazo de 2 días 12.843 canastas con alimentos de primera necesidad.

La gerenta de Abastecimiento de la municipalidad chalaca, María Luisa Mansilla García, afirmó que los regidores no han probado ante la fiscalía que existió sobrevaloración en la compra de las canastas de alimentos.

“Siete empresas cotizaron, entre ellas Makro, pero al final contratamos a Green Land Group porque cobraba menos. Makro nos pedía un depósito del 50% sobre el total, pero la Ley de Contrataciones no lo permite. Además, Makro entregaba los productos en su almacén, lo que implicaba que el municipio tenía que asumir el costo del transporte”, arguyó.

Práctica incorrecta

Pero, además de la presunta sobrevaloración, la Contraloría General de la República por su parte detectó que la proveedora Green Land Group incumplió con el plazo de entrega de las canastas y que las autoridades ediles chalacas no le impusieron la penalidad correspondiente, conforme el contrato.

A la fecha acordada, la empresa había suministrado a la municipalidad chalaca 2.161 canastas, de un total de 12.843, quedando pendiente 10.682 canastas, de acuerdo con el reporte de la Contraloría.

“(Green Land Group) no ha podido materializar la entrega integral de las canastas requeridas, encontrándose fuera del plazo establecido, con lo que se estaría retrasando la programación estimada para la distribución de dichas canastas a las familias vulnerables de la jurisdicción del Callao”.

En el distrito chalaco de La Perla se ha registrado un caso similar. También 5 regidores del municipio sostienen que los productos de las canastas de alimento se han adquirido con sobreprecio.

A un costo de 80 soles cada una, el alcalde Aníbal Jara Aguirre autorizó la adquisición de 1.250 canastas. Según la página web del municipio, la canasta incluye 4 latas de atún a un valor unitario de 3,50 soles, haciendo un total de 14 soles. Pero los beneficiarios solo han recibido 3 latas de atún, por un total de 10,50 soles. Para cubrir los 3,50 soles faltantes por la lata de atún retirada, se elevaron los precios de los demás productos.

“Somos 5 los regidores que hicimos la denuncia, y contamos con los documentos que prueban los hechos. El caso ya lo tiene la fiscalía y esperamos que se formalice la acusación contra los responsables”, señaló el regidor de La Perla, Saúl Benitez Loayza. Las llamadas que hizo este diario al municipio no fueron respondidas.

Vizcarra: “Castigo debe ser ejemplar”

Ante la frecuencia de episodios en la adquisición de canastas de alimentos, el mandatario Martín Vizcarra advirtió que se sancionaría a los responsables.

“Hemos visto en algunos medios de comunicación una serie de denuncias, de actos de corrupción en los tres niveles de gobierno, no se salva nadie. (...) No interesa dónde está la corrupción, tienen que merecer un castigo ejemplar”, señaló el jefe del Estado.

La República reporta todos los días hechos relacionados con actos de corrupción en las contrataciones del Estado.