Todos los fiscales que integran los siete despachos del Equipo Especial Lava Jato solo podrán participar de manera virtual en las audiencias del caso Odebrecht.
Así lo dispuso el fiscal superior coordinador del grupo, Rafael Vela Barba, en una resolución organizacional que alcanzó a los integrantes del equipo el último viernes 17 de febrero.
El documento que contiene los “lineamientos de trabajo” para representar al Estado en las audiencias que se efectúen durante el estado de emergencia sugiere además que ninguno de los fiscales del Equipo Especial como José Domingo Pérez, Geovanna Mori, Milagros Salazar, entre otros, asistirán a las sesiones que sean presenciales.
“Sólo podrán participar de manera virtual no presencial, por los medios tecnológicos que para ello habilite el Poder Judicial al ser el órgano convocante (...)”, señala el punto décimo segundo de las medidas dispuestas por el fiscal Vela en cumplimiento del derecho a la salud y a la vida, y para prevenir posibles contagios del virus en las salas de audiencias.
Disposición de Rafael Vela.
En otro fragmento del escrito que sirve de guía de trabajo para los fiscales en ese periodo de excepción, se hace hincapié en que “la obligatoriedad del mencionado Estado de Emergencia está orientada a salvaguardar la vida y la salud de las personas, evitando sobreexposiciones innecesarias, que puedan conllevar a que personal fiscal o administrativo adquiera el COVID-19”.
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Entre los fundamentos de esta decisión en el Equipo Especial Lava Jato figura la Resolución Administrativa N°000120-2020-CE-PJ, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que recomienda precisamente que los jueces que convoquen a audiencias lo hagan “virtualmente o mediante el uso de un medio tecnológico idóneo, que permita garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso”.
Asimismo, los fiscales no podrán tampoco intervenir en audiencias que requieran acceder a las carpetas fiscales que se encuentran en las oficinas del Ministerio Público, puesto que ello quebrantaría también el aislamiento social obligatorio
Disposición del fiscal Rafael Vela Barba