Keiko Fujimori: Jaime Yoshiyama pidió adecuar su caso de lavado por financiamiento ilegal

La defensa del investigado Jaime Yoshiyama Tanaka, Humberto Abanto, solicitó este viernes ante el juez Víctor Zúñiga Urday, que el caso Cócteles siga en contra de su patrocinado pero por el delito de financiamiento ilícito y no por lavado de activos.

El abogado sostuvo de esta forma, mediante un recurso de excepción de improcedencia de acción, que se aplique una “retroactividad benigna” de la ley que aprobó el Congreso el 28 de agosto del 2019.

Abanto sustentó que los presuntos delitos que le ha imputado Domingo Pérez a Yoshiyama Tanaka (lavado de activos en organización criminal, fraude procesal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsificación de documentos privados) sean reemplazados por el de financiamiento ilícito de organizaciones políticas.

“Toca corregir el error de tipicidad”, expresó el letrado.

“Tenemos una norma que impone penas mucho menores que las planteadas por el Ministerio Público”, agregó Abanto Verástegui en la sesión. Ello con miras a que, en caso de una posible sentencia, el Poder Judicial dicte sanciones con menos años de cárcel.

La Ley 30997 de financiamiento ilegal propone una pena no menor de cuatro ni mayor de siete años de prisión. El de lavado de activos, en cambio, oscila entre los 15 y 25 años de encarcelamiento.

La fiscal adjunta de José Domingo Pérez, Elvia Caro Izquierdo, pidió continuar en otra fecha la audiencia para replicar los argumentos de Abanto. Así, el juez indicó que la audiencia seguirá el miércoles 22 de enero desde las 8:30 a.m.

Yoshiyama en el caso Odebrecht

La imputación concreta contra Jaime Yoshiyama es que habría recibido entre 2010 y 2011 US$1 millón 200 mil de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña presidencial fujimorista de entonces.

Por las investigaciones que dirige el fiscal José Domingo Pérez, el Poder Judicial le impuso prisión preventiva por 36 meses en noviembre del 2018, pero que empezaron a cumplirse desde marzo del 2019.

No obstante, la Corte Suprema redujo a 18 meses la medida coercitiva y esta orden estaría vigente solo hasta el 19 de setiembre del 2020.

Queda pendiente, por otra parte, un hábeas corpus presentado por Abanto en su favor ante el Tribunal Constitucional.

La ponente del recurso será Marianella Ledesma, presidenta del TC. Hasta el momento no se convoca a audiencia pare revisar el recurso a favor de Yoshiyama.