La jueza María Álvarez, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, aceptó el pedido del Ministerio Público de incorporar a dieciséis empresas, entre ellas Graña y Montero, como personas jurídicas investigadas en el caso ‘Club de la Construcción’.
El requerimiento había sido presentado por el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, luego de que el procurador ad hoc Jorge Ramírez le pidiera incorporar a 18 empresas en la investigación.
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El pedido del fiscal Juárez incluyó a once empresas solicitadas por el procurador Ramírez, a las que agregó otras cinco: EnergoProjekt, Superconcreto, Conalvías, Obrascon y Constructores y Mineros.
La noticia fue confirmada la tarde de ayer por el propio Grupo Graña y Montero, en un reporte a la Superintendencia del Mercado de Valores.
De este modo, las empresas ahora investigadas podrán acogerse a la Ley N°30737, que les permite conformar fideicomisos con el fin de garantizar las reparaciones civiles que, eventualmente, deberán pagar de hallarse afectas de responsabilidad penal.
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En caso contrario, la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato iniciará acciones legales para garantizar el pago de la reparación civil, informaron fuentes de La República.
La lista de compañías investigadas la completan Obras de Ingeniería SAC-Obrainsa, ICCGSA, Construcción y Administración S.A., Constructora Málaga Hermanos S.A., Johe S.A., San Martín Contratistas Generales S.A., Grupo Plaza S.A., Queiroz Galvao Sucursal del Perú S.A., Andrade Gutiérrez Sucursal del Perú y Mota Engil S.A.
Aclaración. La investigada GyM S. A. precisó en un comunicado que la decisión del juzgado no implica un pronunciamiento final o definitivo sobre su culpabilidad ni la imposición de una sanción.