Susana Villarán: juez debe emitir nueva decisión sobre pedido de LAMSAC para apartarlo del caso

La Sala de Apelaciones Anticorrupción decidió este martes que la decisión de primera instancia del juez Jorge Chávez Tamariz no estaba suficiente motivada ni cumplía con las disposiciones legales suficientes para rechazar un pedido de la empresa Línea Amarilla S.A.C. (LAMSAC) en el caso contra Susana Villarán.

El requerimiento de la empresa cuyo control estuvo a cargo anteriormente de la brasileña OAS era el de separar al magistrado Chávez con una recusación por presunta “parcialidad”. Ello por la resolución que incorporó al consorcio como tercero civil responsable en la investigación contra la exalcaldesa Villarán.

Como se recuerda, el 4 de octubre pasado el juez Chávez también aprobó el pedido del procurador ad hoc Jorge Ramírez para incluir, además de LAMSAC, a OAS Brasil y OAS Perú para que paguen una reparación civil de US$20 millones en caso de una eventual sentencia.

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LAMSAC se opuso y quiso separar al juez del caso, este rechazó la recusación, pero la Sala de Apelaciones del juez superior Ramiro Salinas sostuvo que “el juez recusado no debe resolver el incidente de recusación, pues ello es competencia de una sala superior”.

En consecuencia, el tribunal ha decidido “declarar nulos todos los actos procesales realizados por el juez recusado después de la presentación del escrito de recusación” hecho por LAMSAC.

Esto es, que el magistrado Jorge Chávez Tamariz debe emitir un nuevo pronunciamiento sobre el pedido de la empresa para apartarlo del caso, pues no debió resolver el pedido.

Además, deberá también “emitir un informe motivado y formar el cuaderno respectivo para remitirlo a la Sala Superior”, para que sea esta la que decida el incidente.

Caso fiscal

Cabe precisar que las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato determinaron meses atrás que Susana Villarán recibió alrededor de US$10 millones de OAS y Odebrecht para sus campañas contra la revocatoria en 2013 y la reelección municipal en 2014. Ello a cambio de la entrega de obras a ambas constructoras en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Actualmente, en la investigación que dirige la fiscal Milagros Salazar Paiva existen 18 personas implicadas, incluida Susana Villarán quien cumple 24 meses de prisión preventiva por las coimas supuestamente recibidas.