Caso Villarán: Lamsac se pronuncia tras inclusión como tercero civil responsable

Luego que el Poder Judicial ordenara incluir a Lamsac, así como a OAS Brasil y Perú, como terceros civil responsables en el caso de Susana Villarán, la concesionaria a cargo de la Línea Amarilla señaló que buscarán prevalecer sus derechos como inversionistas en la obra.

Mediante un comunicado, Vincy Highways, a cargo de Lamsac, sostuvo que no se ha determinado la responsabilidad civil por parte de la concesionaria en el proceso contra la exalcaldesa de Lima por los aportes irregulares que recibió para las campañas municipales.

“Lamsac respeta las normas y procedimientos legales vigentes y espera recibir el mismo respeto de sus derechos como inversionista por parte de los distintos poderes y autoridades del Estado”, señaló la concesionaria.

La investigación del Equipo Especial Lava Jato contra Susana Villarán es por los aportes que Odebrecht y OAS habrían dado para la no revocatoria y la reelección edil. La imputada reconoció que recibió 4 millones de dólares –3 millones la primera y un millón el segundo–, pero según la tesis fiscal, el monto llegaría a 10 millones.

Tanto Odebrecht como OAS presuntamente aportaron 3 millones de dólares cada uno para la no revocatoria, mientras que el segundo habría entregado 4 millones para la reelección. El dinero ilícito habría servido para ser favorecidos en los proyectos Vías Nuevas de Lima y Línea Amarilla, respectivamente.

Lamsac, a cargo de Línea Amarilla, estuvo en manos de OAS hasta el 2012 cuando fue vendida a Invepar, cuyo accionista principal es OAS. Para el 2016, la francesa Vincy Highways adquirió la empresa.

“Considerando que Lamsac no tuvo participación directa ni indirecta en los mismos, utilizaremos todos los recursos legales que correspondan para lograr el respeto de sus derechos como inversionista y demostrar que no existen elementos que determinen su responsabilidad”, sostuvo la empresa en el comunicado.

Por este caso, Lamsac, junto con los demás implicados –incluida Susana Villarán–, podrían llegar a pagar 20 millones de dólares como reparación civil. En agosto, la Corte Suprema también ordenó que se incluya a la concesionaria en el caso de alza irregular de peajes.