José Domingo Pérez, fiscal que investiga el caso Lava Jato participó ayer de foro donde se abordó este caso, uno de los más complejos de corrupción política en el país,El fiscal José Domingo Pérez conversó con dos medios de Arequipa. Uno de ellos, La República. El magistrado respondió a los cuestionamientos de sectores que critican su forma apasionada de proceder en las investigaciones. Dijo que la participación de la sociedad civil es importante, ¿se ha sentido apoyado por la ciudadanía? En el caso de la remoción del coordinador Rafael Vela y mía por parte de Chávarry, me sorprendió la convocatoria espontánea de la ciudadanía a través de redes sociales y otros medios. Salieron a protestar. Eso marca una pauta, la sociedad está vigilante sobre la actuación de nuestras autoridades. No hay que cegarnos, estas acciones arbitrarias podrían volver a ocurrir, pero también las respuestas ciudadanas pacíficas. PUEDES VER: Perseguir el delito con el respaldo de la sociedad civil Sus críticos dicen que tiene una agenda política y que apoya al presidente Martín Vizcarra... Sectores interesados de un grupo de prensa tratan de sembrar como verdad un hecho falso. No tengo vinculación con el presidente de la República. El considerar que un fiscal despache con el presidente es ofender a la institución que represento (el Ministerio Público). El señor Martín Vizcarra fue autoridad regional, cuando yo ya no era fiscal en Moquegua, eso tiene que quedar bien establecido. Cumplo mi labor de manera independiente. No tengo ninguna investigación contra el señor Martín Vizcarra. Hoy se habló de socializar los avances de las investigaciones, pero eso también está siendo entendido como una suerte de adelanto de opinión. Por el contrario, la administración de justicia es un servicio que se da al ciudadano. Tiene derecho a estar informado. Está bien que se le diga que hay corrupción. Los procesados dicen sentir mancillada su honorabilidad, mientras no se dé una sentencia firme... El Ministerio Público respeta la presunción de inocencia. Estamos en un sistema oral de audiencias que garantiza la transparencia de la actuación del juez, el fiscal y los abogados defensores del investigado. Probablemente, esos investigados añoran el sistema anterior: en ese modelo, el juez resolvía a puerta cerrada y, probablemente, la transparencia y el control social eran mínimos. Ahora, los medios de comunicación tienen que saber, pero no presentar al investigado como culpable. No esperaré que el investigado aplauda mi trabajo. Ese día me daré cuenta de que me estoy equivocando. Mi labor como fiscal es investigar y perseguir el delito. Cuando el Tribunal Constitucional admitió el habeas corpus de Ollanta Humala, que lo excarcelaba, sostenía tácitamente que las prisiones preventivas de alguna forma afectaban la presunción de inocencia... La prisión preventiva está establecida en la ley y el fiscal la aplica. Fiscales y jueces no son los legisladores. La normatividad, agravando el plazo de la prisión preventiva a 36 meses, la dio el Congreso; fue una respuesta ante la demanda social. Los que critican son los que se ven afectados por las investigaciones. ¿Donde está el condenado Félix Moreno? Un juez que consideró que no debería tener prisión preventiva (lo liberó) y ya no está. ¿A quién le reclamamos? En el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, la decisión fue revisada por la justicia constitucional. Las personas que se consideren afectadas pueden protestar ante los medios de comunicación, pero también deben ser honestos y señalar que hay una pluralidad de instancias. PUEDES VER: Fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela rechazaron ser condecorados en Arequipa Perú tomó como referencia las investigaciones realizadas en Brasil. Hay unas comunicaciones que involucran al juez Moro, instruyendo a los fiscales que investigaron el caso para encarcelar al expresidente Lula da Silva. ¿Qué posibilidades habría de que en el Perú terminen haciéndose denuncias similares? ¿Ha reflexionado sobre eso? Hay versiones que aún se están analizando, la del medio que realizó la investigación y la del exjuez Moro. No tengo conocimiento de si individualmente los procuradores o fiscales de Brasil se pronunciaron. Sé que, de manera conjunta, rechazaron la intromisión en su actividad y privacidad (las interceptaciones de las comunicaciones). Hay que reconocer que el modelo que ellos tienen es distinto al nuestro. Es decir, aquí hay un juez imparcial y allá un modelo mixto, donde el juez tiene una participación activa en lo que viene a ser la investigación. El juicio que se tiene que dar es si estas personas procesadas cometieron un crimen y si se siguió el debido proceso. También se criticaron mucho unas declaraciones suyas sobre el Congreso. Usted señalaba que este poder no lo representaba. ¿Se arrepiente de ello? Yo no me arrepiento de haber ejercido mi derecho constitucional a expresarme. Pareciera que se quiere satanizar algún ejercicio legítimo de mi derecho constitucional, para buscar o argumentar algún tipo de destitución mía en el cargo que desempeño. Me sumo a una posición mayoritaria que considera que no se siente representada. ¿Qué es enfrentarse al poder?, muchos piensan que el poder político estuvo tomado por mafias... Si a eso llegó la opinión pública, es porque debe tener una base y esa es la labor del fiscal. El fiscal está investigando las organizaciones criminales que han cometido crímenes de corrupción y crímenes de lavado de activos. Durante años, esto no se pudo descubrir (y no habría sido posible) si es que las autoridades brasileñas no realizaban una labor impecable de persecución del crimen y, de la misma manera, las autoridades de los Estados Unidos. El ciudadano se está dando cuenta de que era cierto de que había situaciones anómalas, irregulares e incorrectas en la forma como se estaba organizando el Estado.