Por: Hernán Chaparro Con todos los expresidentes, desde el 90 a la fecha, varios gobernadores y alcaldes, con situaciones judiciales vinculadas a la corrupción, no debería llamar la atención que el trabajo de un fiscal, José Domingo Pérez, tenga 67% de aprobación. Nadie en el país, salvo Gareca, tienen ese apoyo. Además, en contraste con la opinión que hay con relación a Chávarry, un importante porcentaje (44%) considera que Pérez actúa con autonomía. Como alertan algunos, tanta expectativa puesta en una sola persona tiene riesgos respecto al fortalecimiento institucional, pero ese es el síntoma que pone en evidencia la crisis de casi todas las instituciones en el Perú, lideradas muchas veces por lógicas patrimonialistas y corruptas a las cuales el país se ha malamente adaptado. El lugar común de decir que últimamente solo votamos por el mal menor es un indicador de este problema estructural. Un cambio profundo en la actitud de los que quieren liderar la política es necesario. Una ley de partidos, que exprese un real compromiso político y no solo un texto más a ser incumplido, debería ayudar. El cansancio con la corrupción llevó también a Vizcarra a conseguir un alto nivel de aprobación que aparentemente ya cumplió su ciclo. Un 57% es estadísticamente igual al 60% anterior, pero indica que la población está redefiniendo su agenda. Al presidente de la República actual se le reconoce la lucha contra la corrupción y avances menores en algunos otros sectores, pero cuando se pregunta por la economía en general y el empleo, combate a la delincuencia y servicios de salud, la evaluación es mala. Reunirse con los futuros gobernadores ayudará porque su evaluación es menor en las regiones, salvo el sur, donde justamente se ve un incremento de empleo e inversión privada, pero una revisión de su gabinete es urgente.
