Notables parecidos de las redes ilegales y su defensa parlamentaria. ,Hace 18 años, al difundirse el video Kouri-Montesinos, el primer ‘vladivideo’ de una serie de decenas de pruebas fehacientes de la corrupción del régimen de Alberto Fujimori y su socio Vladimiro Montesinos, se inició la caída formal de ese poder, un corto proceso que acabó dos meses después con Fujimori renunciando por fax desde Japón, su socio fugado y el poder en manos de Valentín Paniagua, a cargo del Gobierno de Transición. Este episodio tiene más similitudes de las que parece con la actual etapa de los CNM audios, que ha descubierto una trama corrupta judicial y política. Los actores son distintos –no en todos los casos- y los escenarios también, aunque ambas experiencias están marcadas por una intensa lucha contra la impunidad, insolente con la opinión pública a pesar de las evidencias. Los ‘vladivideos’ fueron la prueba de un poder corrupto de principio a fin, una trama donde la política y la justicia eran manejados por un poder oscuro que nadie había elegido, y convenientemente financiado con el propósito de que todos los conjurados ganaran: jueces, militares, políticos y dueños de medios. Los que perdían siempre eran la democracia y el Perú. La matriz delictiva de los CNM audios es muy parecida; las redes criminales desnudadas implicaban grandes beneficios para jueces, fiscales, empresarios y políticos. La trama fue organizada del mismo modo que hace 18 años, con secretismo y con evidente deseo de penetrar las estructuras del Estado. Sus conexiones habían avanzado hacia el Congreso, o desde el Congreso hacia las redes judiciales. La divulgación de los audios impidió que el círculo criminal se cierre o avance hacia otras instituciones como las FFAA y la PNP, aunque por ahora se encuentran comprometidos la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso, el CNM, ONPE, y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La defensa de ese poder oscuro, aquella vez y ahora, es igual y corre a cargo del mismo grupo político. Ya antes de la aparición del primer ‘vladivideo’ se difundieron valiosas informaciones sobre las actividades ilegales y las cuentas de Montesinos, y datos confirmados sobre la compra de la línea editorial de los diarios chicha, las comisiones por la compra de armas, la corrupción en las privatizaciones y la ilegal inscripción del partido Perú 2000. En todos estos casos, el fujimorismo en el gobierno, y sobre todo en el Congreso, desplegó una estrategia de impunidad muy similar a la que ahora se ejecuta para proteger al fiscal de la Nación y a los otros denunciados. Hasta los argumentos son los mismos: quienes los acusan lo hacen en realidad porque son ellos los que temen las investigaciones, de modo que los malos se transforman en buenos y viceversa. A despecho de los reincidentes, la historia se repetirá; esa vez los ‘vladivideos’, y ahora los CNM audios, encarnan el fin de una etapa signada por el predominio de lo ilegal. Como aquella vez, la narrativa de la impunidad es endeble y poco creativa. Caen bajo por su propio peso.