Ministra de Justicia busca disipar críticas sobre el proyecto de reforma del CNM

Se oponen. Decanos de colegios de abogados del país y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura insisten en que iniciativa del gobierno es inconstitucional y pretende politizar este organismo autónomo. Pérez Tello muestra disposición al debate.,La polémica continúa. El primer intento de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, por disipar las críticas sobre el proyecto de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no tuvo mayores resultados. Ayer, la titular de esta cartera se reunió con los miembros del CNM y representantes de Colegios de Abogados de distintas regiones del Perú. El presidente del CNM, Guido Águila, y el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Pedro Angulo, expresaron su rechazo y preocupación en torno a esta iniciativa legislativa. PUEDES VER Duberlí Rodríguez advierte que proyecto del Gobierno podría “politizar” el CNM La propuesta del gobierno plantea la inclusión de un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo a este organismo autónomo, y elimina a aquellos que son designados por la sociedad civil (CAL, universidades privadas y públicas, otros). En un primer momento, la ministra acudió a la sede del CAL, en Miraflores, en donde mostró su disposición de someter a debate este proyecto del Ejecutivo, que ha dejado fuera del CNM al representante de los abogados. "La reforma del CNM es urgente, prioritaria y se va a dar. La fórmula discutámosla con la mayor apertura. Será el Congreso el que tome la última decisión", manifestó Pérez Tello a los decanos presentes en el cónclave. Tras la intervención de la ministra, los decanos de Huaraz y Cajamarca, Vladimir Páucar y Custodio Contreras, cuestionaron el hecho de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski haya presentado esta iniciativa, el pasado 28 de julio, sin considerar su opinión sobre el tema. Si bien coincidieron en la necesidad de reformar este organismo autónomo, los representantes de los colegios de abogados aseguraron que es "potencialmente intervencionista" sobre el actuar del sistema judicial. Al final del encuentro, el presidente de la Junta de decanos, Pedro Angulo, saludó la presencia de la ministra, pero insistió en su posición de que este proyecto "politiza" el CNM. Más temprano, los decanos realizaron un plantón en las afueras de la Fiscalía, reclamando su derecho a formar parte de la discusión de esta reforma. Reunión con el CNM La ministra de Justicia también se reunió ayer con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. La cita demoró casi una hora y se desarrolló en estricto privado, a diferencia de la realizada en el CAL, que fue pública. Lejos de llegar a un entendimiento, el encuentro solo serviría para que el titular del CNM ratificara su posición en contra del proyecto . "Hemos intercambiado puntos de vista, nosotros seguimos pensando que este proyecto es inconstitucional", enfatizó Águila, que tenía a su lado a la ministra. "Creemos que se ha iniciado un proceso que debió hacerse hace más de un año y es el debate de la reforma del CNM. Le he ratificado hoy al doctor Guido (Águila) que no importa tanto quién designa sino cómo designa", sostuvo la representante del Poder Ejecutivo. Si bien Águila se mostró de acuerdo en que es importante el mecanismo insistió en que se debe respetar "la separación de poderes". "Estamos dispuestos a discutir y debatir, pero nos mantenemos en que la propuesta del gobierno viola la separación de poderes", refirió. El titular del CNM condicionó el retorno de su participación en el Acuerdo Nacional por la Justicia siempre y cuando su propuesta sea debatida en esta instancia. De otro lado, este jueves se reunirá la junta de fiscales supremos para determinar una postura institucional del Ministerio Público. FLAM piden al Gobierno retirar o cambiar la propuesta La Federación Latinoamericana de Magistrados, que representa a jueces de 18 países de la región, expresó su preocupación por la iniciativa para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura. Refirieron que "representaría una clara injerencia del poder político dentro del Poder Judicial y Ministerio Público” e implicaría una “grave transgresión" a la separación de poderes e independencia judicial que constituyen una garantía para los ciudadanos. Invocaron al Gobierno peruano a retirar o adecuar su propuesta, y exhortaron al Congreso a rechazarla por contravenir los principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.