
Una forma de aceptar lo que dice el otro es a través del silencio, por ello, la cultura popular dice: el que calla otorga.
Bajo ese norte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha guardado silencio cuando en las recientes elecciones municipales, los alcaldes buscaban ser reelegidos en la misma jurisdicción, a través de su postulación como regidores.
La Constitución (art. 194) prohíbe la reelección inmediata de los alcaldes, sin embargo, el JNE, teniendo competencia para advertir la prohibición constitucional, no lo hizo, todo lo contrario, guardó silencio y permitió que se consolidara una expectativa de validez de un acto que era abiertamente inconstitucional.
El JNE no es un espectador del proceso democrático. Tiene la obligación de garantizar que sus reglas se cumplan oportunamente, por ello, cuando tenía el deber y la posibilidad de pronunciarse, no lo hizo, guardó silencio, contribuyendo a deslegitimar el acto electoral, a pesar que hoy busca corregirlo, tardíamente.
Cuando la autoridad calla en el momento en que debe hablar, su silencio tiene consecuencias políticas, jurídicas y sociales.
La responsabilidad de la autoridad electoral no es solamente por lo que decide, sino también por aquello que, teniendo el deber y la posibilidad de advertir, decide no hacerlo.
El silencio del JNE quiebra la confianza en el sistema, pues los electores han construido su voto, asumiendo la oferta electoral donde el primer regidor asumiría la alcaldía, ante el silencio y la anuencia del JNE, sin embargo, ese mensaje terminó desinflándose.
El JNE debe tomar decisiones para prevenir situaciones irreparables, como entregar el ejercicio del cargo como alcalde, a quien nunca postuló con ese objetivo.
La reciente elección municipal, nos invita a plantearnos algunas interrogantes:
¿Quién se desempeñó como alcalde podría postular como regidor? La respuesta es afirmativa, porque la prohibición a la reelección inmediata es para los alcaldes; decir lo contrario es limitar el derecho al ejercicio a la participación en la vida política (art. 2.17 Constitución).
¿Quién se desempeñó como alcalde, pero es elegido regidor, en elecciones inmediatas, podría asumir la alcaldía? La respuesta encierra un rotundo no. Hay un mandato expreso en la Constitución (art. 194): no hay reelección inmediata del alcalde. Decir lo contrario es asumir una reelección encubierta.
¿Es legítimo un proceso electoral, cuando el ciudadano forma su voluntad sobre la base de una oferta política, que jurídicamente no podría cumplirse?
Definitivamente, no es legítimo. Estamos ante una situación grave: el partido político induce al ciudadano a votar bajo una expectativa que se opone a las reglas constitucionales.
La libertad del voto, está reconocido en el art. 31 de la Constitución, y no consiste únicamente en introducir la cédula en el ánfora. Supone que el ciudadano ha formado su voluntad, sin ser inducido a error, por información falsa o engañosa.
En esta historia, concurren varios protagonistas, como: a) los partidos políticos que pretendían construir una reelección encubierta. Ellos no pueden presentarse como víctimas sin explicar su propia conducta frente a las reglas electorales. Hay que recordar que por mandato constitucional (art. 35), los partidos políticos, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular de sus electores; b) los candidatos, tampoco pueden presentarse como víctimas de una injusticia electoral, sin explicar primero, cuál fue su conducta frente a la prohibición constitucional de la reelección. Tenían el deber de actuar con responsabilidad y no ofrecer a sus electores una oferta electoral de reelección tácita, a través de su publicidad; c) las autoridades electorales, si bien permitieron que participaran, su deber de advertencia a los electores (por los antecedentes del caso) se da con mayor intensidad, para recordar la prohibición de la reelección por mandato constitucional.
El silencio del JNE no podía convertir en legítimo lo que estaba prohibido; pero su tardanza en advertir que el regidor jamás podría ser alcalde de manera inmediata, tampoco lo exime de responsabilidad por haber permitido que esa situación llegara hasta las urnas y luego del sufragio. Esto significa que el candidato responde por su conducta y la autoridad electoral, por el ejercicio no oportuno, de sus competencias.
El JNE omitió pronunciarse, pese a que tuvo la oportunidad para hacerlo, permitiendo que la situación llegara hasta la etapa electoral decisiva. Cesar Azabache describe en su columna (LR, 11/11/26) las diversas ocasiones en que el JNE se abstuvo de pronunciarse.
La elección municipal no se puede convertir en un atajopara vulnerar la prohibición que la Constitución ha establecido. En esas condiciones, quien fue elegido regidor, tiene que continuar en el cargo para el que fue elegido; proceder de manera contraria es generar una reelección encubierta.
El JNE, permaneció indiferente hasta la proclamación de los resultados del acto electoral. Como se lee en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y su lugar. Hay tiempo para dar y tiempo para recibir; tiempo para pensar y tiempo para decidir; tiempo para ganar y tiempo para perder. Bajo esta advertencia, si la autoridad permitió que una situación cuestionable avanzara durante toda la campaña y recién intervino cuando la ciudadanía ya había votado, corresponde examinar si su actuación tardía contribuyó a generar inseguridad jurídica y a perjudicar el ejercicio informado del sufragio.
Hay que recordar que el poder se ejerce con límites y con responsabilidad, como dice el art. 45 Constitución, por tanto, si se demuestra que una omisión antijurídica produjo un daño concreto, podría abrirse un análisis de responsabilidad jurídica, según las competencias del órgano, la conducta de sus integrantes, el daño y la relación causal. Hay que demostrar el deber concreto de actuar, la competencia, la posibilidad de hacerlo y los presupuestos legales de cada responsabilidad.
Si una autoridad electoral conoce hechos que pueden comprometer la transparencia y legalidad del proceso, debe examinar oportunamente si corresponde intervenir. No puede permitir que una situación cuestionable avance hasta comprometer la voluntad de miles de electores para recién adoptar una decisión que pudo haberse evaluado antes.
El JNE no solo debe ser legal en sus decisiones; debe ser diligente y oportuno en su actuación, por ello, surgen algunas interrogantes que las comparto para la reflexión: ¿Qué responsabilidad tiene el partido que indujo al ciudadano a votar bajo una expectativa jurídicamente cuestionable?, ¿qué responsabilidad tiene la autoridad electoral que teniendo competencia y elementos para intervenir no actuó oportunamente (guardó silencio)? y ¿quién responde por el ciudadano, que votó confiando en una oferta, que después la propia autoridad electoral, declaró jurídicamente inviable?

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIO
S/ 59.90
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIO
S/ 19.90
Buffet Criollo - Marino: Casa Andina Premium Miraflores en Restaurante Alma
PRECIO
S/ 74.90
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 6 locales.
PRECIO
S/ 85.90