
¿Cómo puede un partido ganar la Presidencia y ser casi inexistente en los municipios? Las elecciones del 4 de octubre muestran -una vez más- una fractura de la política peruana. Los partidos que compiten por el poder nacional no reproducen esa presencia en el territorio. No es una anomalía pasajera, sino una característica del sistema político.
El resultado se expresa con claridad en el nivel municipal. De las 196 alcaldías provinciales y 1,696 distritales, APP obtuvo 37 y 304, respectivamente, si se consideran sus alianzas. Somos Perú alcanzó 32 y 238. Podemos Perú consiguió 18 y 177. Son las organizaciones con más alcaldes electos. Detrás aparece un conjunto heterogéneo de partidos y movimientos regionales.
El dato más revelador es que los partidos no convirtieron su peso nacional en organización territorial. Fuerza Popular, que ganó la Presidencia y tiene la bancada más numerosa del nuevo Congreso, obtuvo dos alcaldías provinciales y 35 distritales. Juntos por el Perú, que disputó la segunda vuelta presidencial y tiene la segunda bancada, llegó a seis provincias y 50 distritos, si se incluye la alianza con ASI. El Partido del Buen Gobierno consiguió una alcaldía distrital y el Partido Cívico Obras ninguna. Renovación Popular obtuvo diez provinciales y 95 distritales, mientras Ahora Nación alcanzó 19 y 158. Son resultados pobres. Representación parlamentaria e implantación territorial son cosas distintas.
Esta separación tiene una historia. El sistema de partidos de los años ochenta articuló, con limitaciones, la competencia nacional y local. Los partidos que disputaban la Presidencia también elegían alcaldes y parlamentarios. La crisis económica, la violencia política y el deterioro de los gobiernos erosionaron esa estructura. El desplome de comienzos de los noventa no fue seguido por la reconstrucción partidaria, sino por organizaciones personalistas sin vínculos estables con la sociedad ni los territorios.
La descentralización abrió, desde 2002, otro espacio de competencia. Los gobiernos regionales y las municipalidades adquirieron recursos, competencias y visibilidad. Las organizaciones regionales y locales disputaron el poder sin depender de partidos nacionales que aparecían en provincias durante las campañas, buscaban candidatos y alianzas, pero no construían presencia permanente.
Pero en 2026 hubo un factor adicional. El 29 de mayo de 2024, el Congreso aprobó en primera votación una reforma constitucional que eliminaba a los movimientos regionales: 92 votos a favor, 25 en contra y tres abstenciones. No alcanzó los 87 votos requeridos en las dos votaciones posteriores. Fuerza Popular y Somos Perú votaron en bloque a favor en la primera votación, mientras la mayoría de Juntos por el Perú se opuso. La amenaza tuvo efectos. Casi mil alcaldes distritales renunciaron a sus organizaciones y el 94% de esas salidas ocurrió en 2024. También cambiaron de agrupación diez gobernadores regionales y 86 alcaldes provinciales. Muchos buscaron cobijo en partidos nacionales ante la posibilidad de que los movimientos desaparecieran. Por eso, el mejor resultado municipal de algunos partidos en 2026 frente a 2022 no expresa necesariamente crecimiento orgánico. En buena medida, refleja la migración de autoridades y cuadros con poder territorial.
Las elecciones de 2026 confirman que la fragmentación no se limita a los movimientos regionales. El campo de los partidos nacionales está dividido entre organizaciones que compiten por el poder central y otras que han conseguido redes municipales más amplias. APP y Somos Perú tienen presencia territorial, pero tener alcaldes no prueba que exista una estructura capaz de agregar intereses, formar cuadros y sostener una identidad más allá de una elección. Ambos perderán su inscripción legal en enero de 2027 por no haber superado el umbral de representación en las elecciones generales. La paradoja es evidente: obtuvieron cientos de alcaldías, pero no conservarán su registro nacional.
La imagen del archipiélago sigue siendo pertinente. Hay partidos con fuerza en la competencia presidencial y parlamentaria, pero escasa presencia municipal. Otros consiguen alcaldías en numerosas provincias y distritos, aunque dependen de liderazgos personales, redes de candidatos y acuerdos electorales. Y hay movimientos regionales que gobiernan territorios concretos sin articularse con el resto del país. El resultado es una representación dispersa, con pocos mecanismos para conectar los distintos niveles de gobierno.
No es un fenómeno exclusivamente peruano. En Brasil, estudios sobre sistemas partidarios multinivel encuentran diferencias entre la competencia nacional y la de los estados. Sin embargo, en el Perú, la desconexión es más profunda. La elección municipal no es un apéndice de la política nacional. Los alcaldes ejecutan servicios y obras, negocian con los gobiernos regionales y el Ejecutivo, y construyen poder propio. Cuando los partidos nacionales carecen de autoridades locales, pierden información, intermediación y capacidad para organizar demandas. Cuando las organizaciones locales no tienen vínculos más amplios, sus autoridades miran solo el espacio que gobiernan. La descentralización reproduce así la desarticulación que debía superar.
No estamos ante una crisis. La persistencia del fenómeno obliga a reconocer que esta es la forma que ha adquirido nuestro sistema partidista. La elección presidencial produce ganadores nacionales, el Congreso distribuye representación entre seis organizaciones y las elecciones subnacionales muestran que ese poder no se extiende por el territorio. El país elige autoridades en todos sus niveles, pero no cuenta con organizaciones capaces de vincularlas. No cumplen la función de articular políticamente el país.
El problema no se resuelve exigiendo más listas a los partidos nacionales ni celebrando el triunfo de organizaciones locales. Se trata de la inexistencia de partidos con capacidad de representar y articular intereses en el territorio. Mientras eso no ocurra, tendremos gobiernos nacionales sin bases locales, alcaldes sin articulación más allá de sus circunscripciones y una representación que se renueva en las urnas, pero no se integra.

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