El costo civil de un embargo sin resultados

El derecho internacional admite mecanismos de presión frente a regímenes que violan los derechos de sus ciudadanos, pero establece condiciones precisas para su uso. Deben ser colectivos, adoptados por el Consejo de Seguridad de la ONU o en marcos regionales como la OEA, y dirigidos contra las autoridades responsables, sin convertir a la población en sujeto del castigo.

El embargo existente contra el Estado cubano ha recibido esa valoración de la propia Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1992 por ir contra esas reglas de derecho internacional. A partir de ello, ha exigido su levantamiento de manera sostenida durante más de tres décadas. No obstante, como han evidenciado estas páginas, las recientes sanciones están recayendo sobre todo en quienes menos capacidad tienen de resistirlas, incluso al privar a la población del combustible mínimo necesario para mantener operativos los servicios de salud y alimentación. Vale acotar que esta constatación no exime de observar cómo los cubanos han convivido con un régimen que ha coartado su libertad. El tema de ahora es que, al mismo tiempo, el bloqueo ha hecho casi imposible el acceso a bienes de primera necesidad. Por eso mismo, por criterios de humanidad, es lamentable ver cómo esos embargos no golpean las estructuras de poder que someten al pueblo, sino a quienes viven sometidos bajo ellas.

Con ese antecedente, la Asamblea General aprobó ayer una vez más, la resolución que exige el levantamiento de esas medidas, con el respaldo de una amplia mayoría de Estados miembros. No obstante, la abstención del Perú contrastó con su posición histórica en este expediente. Chile, bajo el gobierno de Antonio Kast, se sumó a la abstención peruana.

La tradición diplomática del Perú ha distinguido siempre entre el régimen cubano y el pueblo que lo padece, sosteniendo que solidarizarse con los cubanos no equivale a respaldar a sus gobernantes. De hecho, esa distinción se refleja en la histórica intervención del diplomático peruano Raúl Porras Barrenechea, quien, durante una reunión de consulta de cancilleres de la OEA en 1960, manifestó su rechazo a «cualquier imposición dogmática del poder de la fuerza o del dinero». Al cierre de esta edición, la sorpresiva abstención peruana, que abandona esa distinción, no ha tenido explicación pública para los ciudadanos a los cuales dice representar.

La solidaridad con el pueblo cubano no equivale a respaldar al gobierno que lo oprime. Y una medida así merece una revisión responsable por parte de los Estados miembros, no una defensa irrestricta ni un rechazo sin más.